Así lo anunció este miércoles este ministerio en un comunicado, en el que recordó que la retirada de estos anuncios ilegales llega después de que la multinacional recurriera la decisión ante los tribunales en varias ocasiones y que la Justicia “respaldara” las actuaciones de Consumo.

Tras estas actuaciones, la Unidad de Análisis de Consumo ha identificado otros 55.000 anuncios (54.728) que no disponen del número de registro oficial, obligatorio por la legislación vigente desde el pasado 1 de julio.

Así, el departamento que dirige Bustinduy dará traslado de la información recabada conforme a lo previsto en el ordenamiento legal vigente, con el fin de que los anuncios sean “eliminados o subsanados” por la plataforma.

El archivo digital elaborado por Consumo contiene también información de interés como la tipología de la vivienda (si es habitación o alojamiento completo); su información geográfica (localidad, provincia y comunidad autónoma), o los datos disponibles de los anfitriones.

CUMPLIR LA LEGALIDAD

Con esta acción, el ministerio que dirige Bustinduy “ratifica” su “compromiso” de hacer cumplir la legalidad y garantizar el derecho constitucional a la vivienda “por encima de los beneficios de las grandes multinacionales”, como ha manifestado el ministro en diversas intervenciones públicas.

Por esta razón, la Unidad de Análisis de Consumo va a “continuar trabajando” para “identificar y denunciar potenciales anuncios ilegales” en las diferentes plataformas digitales especializadas en el alquiler de alojamientos turísticos.