Así lo anunció este martes el gabinete dirigido por Pablo Bustinduy en un comunicado en el que precisó que la regulación fue incluida en la última versión del anteproyecto, de diciembre de 2025, en la que el Ministerio está trabajando para su aprobación en segunda vuelta en el Consejo de Ministros.

La nueva regulación obligará a las empresas a informar de antemano sobre la previsión en la evolución dinámica de los precios. Es decir, las empresas tendrán que informar previamente del precio que tendrá un producto o servicio durante el tiempo que esté a la venta, prohibiéndose superar los precios anunciados para esa fecha.

Esta nueva regulación “impedirá”, según Consumo, que situaciones “imprevistas o de emergencia puedan generar incrementos abusivos de precios”.

El Ministerio de Consumo ha recibido “avisos y denuncias” de una subida “excepcional” de los precios de transporte alternativo a las rutas ferroviarias suspendidas y señaló que esta situación “refuerza” la necesidad de aprobar una nueva regulación que “proteja a las consumidoras y consumidores en catástrofes como la vivida en Adamuz”.

EMERGENCIAS

En este contexto, recordó que ya estableció, a través del Real Decreto-Ley aprobado tras la catástrofe provocada por la dana en Valencia que las empresas que personalizan precios de forma automatizada no pueden subirlos en situaciones que sean calificadas como de emergencia de protección civil en los términos regulados en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

Tras avanzar que la nueva regulación “ampliará esta protección a otras situaciones”, hizo hincapié también en los derechos de los pasajeros ante la suspensión del tráfico ferroviario en las líneas ferroviarias afectadas por el accidente.

Así, indicó que las personas que tienen un viaje contratado tienen derecho a que la compañía operadora de su viaje le facilite un transporte alternativo para continuar el viaje lo antes posible, o en una fecha posterior que convenga al viajero, sin coste adicional.

En caso de que las operadoras no ofrezcan esta alternativa de transporte y sea realizado por medios propios, tendrá derecho al reembolso de los gastos razonables en que hubiese incurrido, para lo que se recomienda guardar comprobantes de los gastos realizados.

Por su parte, en caso de que se renuncie al viaje, la operadora deberá devolver íntegramente el precio del billete en un plazo máximo de treinta días desde la solicitud de reintegro, para lo que hay un plazo de tres meses.

En paralelo, recordó a todas las personas afectadas por las suspensiones que disponen de un plazo de tres meses para realizar sus reclamaciones a las compañías operadoras y que deberán hacerlo de forma directa ante las compañías.

En Renfe se puede usar el formulario de reclamaciones de su página web oficial (Reclamaciones) o contactar telefónicamente a través del 900 878 333.

En Iryo se puede usar el formulario de reclamaciones de su página web oficial (Reclamaciones), contactar telefónicamente a través del 910 150 000, o enviando un email a su servicio de atención al cliente 'atencion.cliente@iryo.eu'.

En Ouigo se puede usar el formulario de reclamaciones de su página web oficial (Reclamaciones y quejas), o contactar telefónicamente a través del 900 759 781.

Por último, hizo hincapié en la importancia de no utilizar, a estos efectos, los canales de comunicación implementados por las compañías para comunicaciones con familiares de pasajeros afectados por el accidente.