El Ministerio de Consumo, que dirige Pablo Bustinduy, está “trabajando” para volver a poner en marcha una norma que permita al Gobierno topar precios de servicios o productos durante una emergencia, con el fin de “evitar abusos” a las personas consumidoras como los que, a su juicio, “han podido producirse en medios de transporte alternativo a raíz del trágico accidente ferroviario ocurrido en la localidad toledana de Urda” y como “ocurrió en otras tragedias como la de Adamuz o la dana de Valencia”.