Así lo anunció este jueves el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy en un comunicado en el que explicó que ha llevado a cabo esta acción internacional a través de la Dirección General de Consumo junto a 35 países representados en diferentes autoridades de protección a los consumidores y que en dicha carta se exige a las aerolíneas “rigor” en las afirmaciones medioambientales que utilizan en su comunicación comercial y “reforzar” así el cumplimiento de la legislación de protección de las personas consumidoras.

La misiva ha sido impulsada por la International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN), una organización que engloba a más de 70 autoridades de protección a las personas consumidoras de todo el mundo y en la que participa el Gobierno de España a través de Consumo.

En esta acción concreta, además de la administración española, participan un total de 16 autoridades de consumo entre las que se incluyen países europeos como Bélgica, Dinamarca y Noruega; países de América Latina como Colombia, Chile y Perú y países de África Oriental y Austral representado en la unión aduanera Comesa, en la que se encuentran naciones como Kenia, Angola y Etiopía.

RECOMENDACIONES A LAS AEROLÍNEAS

A través de la carta enviada por estas autoridades internacionales de Consumo, se recuerda a las compañías aéreas que “no se debe engañar a sus usuarios y usuarias sobre cuestiones medioambientales” y se les traslada una serie de recomendaciones orientadas a “asegurar” que las comunicaciones que hagan en materia de medio ambiente “cumplan con las normas de protección a las personas consumidoras”.

Entre estas recomendaciones, Consumo destacó que las comunicaciones que se hagan deben ser “veraces, claras y precisas” y deben estar “respaldadas por pruebas científicamente sólidas y fiables”.

Además, deben evitarse términos vagos como “ecológico” o “sostenible” que puedan “inducir a error” sobre el impacto medioambiental real y “no deben exagerarse beneficios medioambientales de cambios menores”.

A su vez, deben explicarse “claramente” cuál es el “impacto”, las “incertidumbres” y las “limitaciones” de los sistemas de compensación de carbono.

Junto a ello, no se deben “destacar” en las comunicaciones “aspiraciones futuras inciertas” como ser “climáticamente neutros”, solo medidas “específicas” que ya se hayan adoptado, o las que estén “en curso”, indicándolo así.

COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN SOSTENIBLE

En paralelo, la comunicación sobre el combustible de aviación sostenible (SAF) debe ser “clara, precisa y no engañosa”. “El sector de la aviación considera que este combustible es un método clave para reducir las emisiones netas de carbono, pero es necesario que se proporcione información adicional para contextualizar su alcance en la reducción de emisiones”, puntualizó Consumo.

Esta acción forma parte del “compromiso” del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo para “garantizar” una información “veraz y transparente” a los consumidores, una cuestión que juzga “de especial relevancia” cuando afecta a sectores “estratégicos” como el del transporte aéreo, donde las decisiones de consumo “tienen un elevado impacto económico y medioambiental”.

Ya en abril de 2024, la Red de Cooperación en materia de Protección de los Consumidores (Red CPC), de la que forma parte la Dirección General de Consumo, adscrita al departamento que dirige Bustinduy, notificó a 20 compañías aéreas que estarían cometiendo ecopostureo a través de comunicaciones "engañosas", instándoles a eliminarlas y esta acción, coordinada por la Comisión Europea, se desarrolló en colaboración con todos los Estados miembro y fue liderada por España y por las autoridades homólogas de Bélgica, Noruega y Países Bajos.