Esos programas, organizados a través de los Planes Provinciales de Educación de Adultos, se desarrollan en las 27 provincias que el MEC gestiona directamente.

El convenio establece como primera prioridad que los afiliados a la ONCE que quieran participar en esos cursos deberán incorporarse a la red de Centros Públicos de Educación de Adultos, que dispondrán de la atención específica que esta población adulta requiera.

La ONCE se responsabiliará de facilitar el material que sea preciso para la formación de sus afiliados, ciegos y deficientes visuales, y asegurará su mantenimiento; el material será propiedad de la organización y podrá recuperarlo cuando considere que su utilización no esté justificada.

El convenio establece también el compromiso del MEC de asegurar la formación necesaria para que los educadores de adultos puedan dar respuesta a las necesidades educativas y especiales de los afiliados, así como que los educadores de la ONCEtengan acceso, en igualdad de condiciones, a las actividades de perfeccionamiento que el MEC ofrece.

Además, la ONCE colaborará con sus profesionales y expertos en la formación permanente de los educadores de adultos de los Planes Provinciales en materias de integración.

Una comisión mixta, integrada por representantes de ambas instituciones, será la encargada de realizar el seguimiento y desarrollo de este convenio, que estará en vigor durante el plazo de un año.