Esta es la principal conclusión de un informe elaborado por UGT, que sentencia que la entrada en vigor del Real Decreto 1026/2024, que obligaba a que los convenios incluyeran protocolos antidiscriminación por orientación sexual o de género, supuso un “punto de inflexión” en la incorporación de la diversidad Lgtbi a la negociación colectiva.

Los datos reflejan que, a partir del cumplimiento del plazo de tres meses fijado por la normativa para constituir comisiones negociadoras (enero de 2025), se produjo un avance significativo en el número de convenios colectivos —tanto sectoriales como de empresa— que incluyen medidas planificadas y protocolos específicos frente al acoso y la violencia hacia las personas Lgtbi.

“Estos avances son fruto del trabajo sindical organizado, de una estrategia clara y del empuje firme del área Lgtbi de UGT, que ha sabido traducir el mandato legal en acción sindical concreta”, apuntó el sindicato.

Desde UGT valoraron positivamente este “progreso”, pero advirtió: “Queda mucho por hacer. Es necesario seguir incorporando, negociando y desarrollando planes Lgtbi en todos los sectores y empresas”.

“En un contexto político en el que los discursos de odio y las ideologías reaccionarias vuelven a cuestionar los derechos más fundamentales, la acción sindical de UGT se reafirma como una herramienta imprescindible para la defensa de la dignidad de todas las personas trabajadoras, porque no hay justicia social sin igualdad, y no hay igualdad sin visibilidad ni protección real en el empleo”, señala el sindicato.