Como primera medida, solicitará la suspensin cautelar de esta decisión. En su recurso argumentará el perjuicio que se va a causar a los titulares del derecho a la libertad de expresión, que en este caso son los 120.000 oyentes catalanes o residente en Cataluña que sintonizan a diario con estas emisoras de la Cope.

Catedráticos de Derecho Administrativo y Constitucional consultados por la Cope explican que la única condición por la que se entendería la no renovación de la emisoras en Cataluña sería que la Cope hubiera tenido una sanción o infración por incumplimiento de la función esencial de la radio, que es el servicio público a los oyentes.

La emisora asegura en un comunicado difundido hoy que no es el caso de la Cope, que en todos sus años de andadura por la ondas nunca ha tenido ningún tipo de sanción administrativa.

La Ley de Telecomunicaciones dice textualemtne que "la concesión se otorgará por un plazo de diez años y podrá ser renovada sucesivamente por periodos iguales".

En un informe realizado este año por el ex ministroTomás de la Quadra, a petición de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial, el catedrátido de Derecho Administrativo concluye que la renovación es obligada para garantizar el derecho a la libertad de expresión, salvo que concurran graves motivaciones y que además sean acreditadas.