Ambas entidades señalaron que los costes del servicio se han incrementado de media en torno a un 9% respecto a temporadas anteriores, como consecuencia directa de la subida de precios de proveedores, productos químicos, energía, transporte, materiales técnicos y costes laborales derivados de la actualización del convenio colectivo estatal.

Indicaron que el encarecimiento afecta prácticamente a todos los elementos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad de las instalaciones acuáticas: reactivos, sistemas de filtración, equipos de dosificación, consumos eléctricos, recambios, mantenimiento técnico y logística, en un contexto marcado por la inflación acumulada y el aumento sostenido de los costes industriales.

Sostienen que los costes de una piscina de una urbanización de 108 viviendas, ubicada en Madrid, superan los 13.400 euros para la temporada de 2026, frente a los 12.400 euros en 2025. Desde el CAFMadrid se subraya que esta situación está generando una importante dificultad en la gestión presupuestaria de las comunidades de propietarios, especialmente porque muchos presupuestos anuales fueron aprobados antes de conocerse las nuevas condiciones económicas del mercado.

“Los administradores de fincas colegiados están teniendo que realizar auténticos ejercicios de equilibrio para adaptar los presupuestos comunitarios a una realidad económica muy distinta a la prevista”, señala Manuela Julia Martínez Torres, presidenta del CAFMadrid.

Las dos entidades insisten en que mantener una piscina comunitaria implica personal cualificado, cumplimiento sanitario, control analítico, responsabilidad técnica, prevención de riesgos y adaptación permanente a la normativa vigente, factores que hacen inviables determinadas ofertas basadas exclusivamente en el precio.

“Existe la falsa percepción de que el mantenimiento de piscinas puede absorber indefinidamente el incremento de costes sin afectar al servicio. La realidad es que el sector está soportando aumentos muy importantes en prácticamente todos sus procesos”, subrayan desde EMPIA.

Ante esta situación, EMPIA y el CAFMadrid hacen un llamamiento a las comunidades de propietarios para que prioricen criterios de profesionalidad, transparencia y seguridad en la contratación de servicios, evitando decisiones basadas únicamente en el menor coste económico.