Telefónica de España fue el operador designado para prestar este servicio durante ese año. Excluyendo el componente de las cabinas, el coste neto del resto de elementos pasó de 6,08 millones en 2021 a 5,38 en 2022, lo que representa una reducción del 11,5 %.

El servicio universal garantiza que todos los ciudadanos puedan acceder a una serie de servicios básicos de telecomunicaciones, con independencia de su localización geográfica o situación económica.

Tal como se hizo en 2021, el coste neto de zonas no rentables correspondiente a 2022 ha sido ajustado respecto del valor presentado por Telefónica, con el fin de incorporar el proceso de desmantelamiento de su red de cobre. Este ajuste permite reflejar de mejor manera el coste para Telefónica de proveer la conexión a la red desde una ubicación fija, el servicio telefónico y la conectividad a internet a 1 Mb/s en zonas no rentables desde todo el territorio, según explica la CNMC.

Además, señala que se ha mejorado el cálculo del abono social al separar los clientes por tecnologías (cobre, fibra y radio), lo que permite una estimación más precisa del coste real soportado por Telefónica al ofrecer este servicio a jubilados y pensionistas con bajos ingresos.

La Ley General de Telecomunicaciones establece que el servicio universal se financia por los operadores de telecomunicaciones con ingresos anuales superiores a 100 millones. Por ello, la CNMC también determinará, en un nuevo expediente, las aportaciones que correspondan a cada uno de los operadores con obligaciones de contribución a la financiación del servicio universal.

La CNMC está trabajando en una nueva metodología de cálculo del coste de prestar el Servicio Universal que se adaptará al marco normativo introducido por la Ley General de Telecomunicaciones de 2022. Esta metodología se aplicará a partir del ejercicio 2023.