A través de un comunicado, el colectivo que preside Consuelo Ordóñez tachó de "inaceptable" este beneficio sin que Parot haya mostrado un "arrepentimiento real, público y verificable". Y denunció que ve "flexibilizada su condena" mediante un tercer grado "basado nuevamente en escritos privados y en formulaciones genéricas contra la violencia".

"Henri Parot no ha mostrado públicamente un arrepentimiento sincero por sus crímenes ni ha realizado una ruptura clara, inequívoca y verificable con ETA y con el entorno político y social que justificó y legitimó sus asesinatos", señaló Ordóñez.

Covite recuerda que Parot disfrutaba desde julio de 2025 de un régimen de semilibertad y que, con esta progresión al tercer grado, se "confirma" que el Ejecutivo autonómico "continúa avanzando en su política sistemática de excarcelación progresiva de los presos de ETA", lo que considera "una amnistía encubierta".

«No estamos ante una verdadera política de reinserción, sino ante una política penitenciaria puesta al servicio de la izquierda abertzale y de su objetivo histórico de vaciar las cárceles de presos de ETA sin exigirles arrepentimiento", insistió Ordóñez para añadir que esta "es una consecuencia más del final negociado de ETA".

Al mismo tiempo, el Colectivo avisa de que tras este tercer grado se activará "rápidamente" el mecanismo que permite sustituir la permanencia ordinaria en un centro penitenciario por controles telemáticos (artículo 86 del Reglamento Penitenciario), lo que supone, en la práctica, "una situación de libertad total".

Tal y como recuerda Covite, Parot fue integrante del denominado 'comando Argala', responsable de algunos de los atentados "más brutales" perpetrados por ETA. Entre ellos se encuentra el de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza de 1987, en la que fueron asesinadas once personas, entre ellas cinco niños, y otras 88 resultaron heridas.

Este etarra acumuló condenas cercanas a los 4.800 años de prisión por asesinatos, asesinatos en grado de tentativa, lesiones, estragos, detenciones ilegales, depósito de armas y explosivos y pertenencia a banda terrorista, entre otros.

La pasada semana, las víctimas volvieron a denunciar la concesión del régimen de semilibertad, en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, a María Soledad Iparraguirre ('Anboto'), a quien ya se le concedió en marzo pero que fue revocado por la Audiencia Nacional días después.