A través de un comunicado, el colectivo presidido por Consuelo Ordóñez, volvió a cargar contra el uso de una medida excepcional como el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para conceder regímenes de semilibertad a presos de ETA "sin exigirles un arrepentimiento real, público y verificable". Y criticó que lo utiliza como "un atajo" para conceder beneficios penitenciarios a presos de ETA que todavía permanecen clasificados en segundo grado y que "no reúnen las condiciones" para progresar al tercero.

"Una herramienta concebida para responder a necesidades tratamentales específicas y excepcionales se está convirtiendo, en la práctica, en una vía ordinaria para flexibilizar el cumplimiento de sus condenas", denunció Civite, insistiendo en que esta práctica se repite sin que "se acredite de manera objetiva e individualizada qué circunstancia extraordinaria justifica su aplicación, qué programa concreto no puede desarrollarse dentro de prisión ni qué evolución personal del interno hace necesaria una medida de estas características".

En esta línea, el colectivo incidió en que no se trata de "decisiones excepcionales basadas en verdaderas necesidades de reinserción", sino que es "una política sistemática de excarcelación progresiva de los presos de ETA". Y añadieron que la política penitenciaria del Gobierno vasco "no responde a una verdadera voluntad de reinserción, sino a una estrategia de excarcelación progresiva".

"No existe un arrepentimiento real, público y verificable, ni una ruptura inequívoca con el entorno que justificó y legitimó durante décadas los crímenes de ETA", enfatizó Ordóñez para poner de relieve que, sin esos requisitos, la aplicación del artículo 100.2 a Jon Enparantza "es injustificada y fraudulenta".