Así se pronunciaron los rectores en un comunicado en el que lamentaron la suspensión de la Conferencia General de Política Universitaria que debía celebrarse el pasado 29 de julio. La reunión no pudo celebrarse después de que los gobiernos autonómicos de Andalucía, Cantabria, La Rioja, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Castilla y León, Galicia, Baleares, Murcia y Aragón, gobernados por el PP, decidieran no asistir a dicha cita telemática convocada por el Ministerio de Ciencia y Universidades alegando la situación de emergencia motivada por los incendios.

La ausencia de la mayoría de los representantes autonómicos impidió iniciar el trámite para la transferencia de los fondos comprometidos por parte del Estado a las comunidades autónomas, lo que según los rectores deja "en el aire la transferencia de 149,6 millones de euros en 2026 a las comunidades para financiar los salarios".

La CRUE señala en su comunicado que "las consecuencias de dicha acción política tienen un impacto muy negativo en las universidades españolas. No solo se pone en riesgo la financiación de los salarios de una parte de los docentes contratados con el programa María Goyri, sino que se compromete la estabilidad de una institución clave para el conjunto del país".

Los rectores defendieron así que el programa María Goyri es una iniciativa "de especial relevancia para el Sistema Universitario Español, porque permitiría incorporar unas 5.600 plazas de profesorado ayudante doctor a las universidades públicas españolas, de las cuales, 3.400 serían financiadas por el Gobierno y el resto, más de 2.200 plazas, por las Comunidades Autónomas".

Así, afirmaron que este programa es pionero y "permite establecer una estrategia a medio plazo y abordar cuestiones esenciales para el sistema universitario español, como son el relevo generacional y la captación de talento". "Asimismo, refuerza la cooperación entre las diferentes administraciones públicas. Además, es un elemento clave para poder avanzar en el mandato de la suficiencia financiera establecido por la LOSU, que exige destinar al sistema universitario público, como mínimo, el 1% del PIB en 2030", recordaron.

Los rectores defendieron también que "el Sistema Universitario Español es uno de los principales motores de desarrollo económico y social de nuestro país" y abogaron por el cumplimiento íntegro de los acuerdos consensuados por las administraciones como "pilar fundamental sobre el que se sostienen tanto la lealtad institucional como la confianza de la ciudadanía en las administraciones públicas". Por todo ello, instaron al Gobierno y a las autonomías a "buscar soluciones urgentes para proceder a la transferencia inmediata de los 149,6 millones de euros". "El sistema universitario español, motor del progreso del Estado, requiere altura de miras y políticas estables a medio y largo plazo", concluye el comunicado.