Así lo precisó este miércoles en un comunicado emitido coincidiendo con el Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora cada 30 de julio, y en el que precisó que, del total de atenciones, el 76% correspondía a situaciones compatibles con trata de personas, mientras que el resto se relacionaba con situaciones de explotación sexual.

Además, el 82% de las personas atendidas eran mujeres y el 93% de las personas afectadas por trata o explotación sexual eran migrantes.

Entre los perfiles atendidos durante los últimos meses destacan personas procedentes principalmente de Nepal e India que emprendieron un proyecto migratorio motivado por el deseo de trabajar, mejorar sus condiciones de vida y sostener económicamente a sus familias.

Muchas de ellas asumieron importantes deudas para financiar el viaje, recurriendo a préstamos informales que posteriormente incrementan su vulnerabilidad frente a posibles situaciones de explotación.

EQUIPOS ESPECIALIZADOS

La experiencia de los equipos especializados de Cruz Roja muestra que muchas de estas personas llegaron a Europa tras responder a ofertas laborales que prometían estabilidad y oportunidades. En numerosos casos, el viaje estuvo marcado por grandes expectativas personales y familiares.

Tras su llegada a Europa, algunas personas comenzaron a trabajar en condiciones muy alejadas de lo prometido y posteriormente fueron captadas para trasladarse a España mediante nuevas ofertas difundidas, en muchos casos, a través de redes sociales.

Una vez en nuestro país, factores como el desconocimiento del idioma, el aislamiento geográfico, la falta de redes de apoyo, la dependencia de terceras personas para el alojamiento o el transporte, la presión por devolver las deudas adquiridas y la necesidad de enviar dinero a sus familias pueden situarlas en un contexto de especial vulnerabilidad frente a la explotación laboral.

Los equipos de Cruz Roja han identificado situaciones compatibles con jornadas laborales superiores a diez horas diarias, salarios muy inferiores a los establecidos legalmente, ausencia de alojamientos dignos, dependencia casi absoluta de quienes controlan el trabajo, el alojamiento o los desplazamientos, así como situaciones de violencia verbal, física y extorsión económica.

En el caso de algunas mujeres concurren, además, indicadores de explotación mixta y agresiones sexuales, circunstancias que incrementan el miedo a denunciar y dificultan el acceso a recursos de protección.

Por ello, Cruz Roja considera necesario avanzar hacia un marco común que garantice estándares mínimos de atención y recursos suficientes en todo el territorio. En este sentido, la aprobación de una Ley Integral contra la Trata y la Explotación permitiría, a su juicio, reforzar la protección de todas las personas afectadas, con independencia del tipo de explotación sufrido o del lugar donde sean identificadas, además de fortalecer el trabajo desarrollado por las entidades especializadas que participan en su detección, identificación y acompañamiento.

La organización subraya igualmente la importancia de seguir fortaleciendo la coordinación entre administraciones públicas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fiscalía, entidades sociales y el resto de actores implicados para optimizar los recursos disponibles y garantizar respuestas eficaces.

En paralelo, ve fundamental reforzar la detección temprana de situaciones compatibles con trata y explotación, especialmente entre personas que presentan factores de especial vulnerabilidad. Detectar a tiempo estas situaciones permite evitar nuevas vulneraciones de derechos, facilita la activación de mecanismos de protección y mejora las posibilidades de recuperación, según señaló.