En concreto, Pagazaurtundua, vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara, ha dirigido cartas al comisario Thierry Breton; a la ministra Pilar Llop, en nombre de la Presidencia Española de la UE, y a la dirección del Centro Europeo del Cibercrimen de Europol, y Cañas además ha preguntado a la Comisión qué sabe de ClothOff, la aplicación de IA utilizada en este caso, qué controles tiene y qué piensa hacer Bruselas para evitar lo ocurrido.

“Se trata de un caso muy grave, en el que se entremezclan la usurpación de identidad y los abusos sexuales a menores en la red”, denuncia la eurodiputada en sus cartas. “Estas nuevas formas de ciberdelincuencia afectan a los derechos fundamentales, a la libertad sexual, el honor y la propia imagen de los menores que debe depurarse a nivel penal y civil, pero cuyo origen está en el uso por parte de unos de datos personales protegidos", advierte la eurodiputada de Ciudadanos.

Asimismo, pide sacar lecciones del caso de Almendralejo para aplicarlas en las normas que están en plena negociación, la nueva directiva europea sobre inteligencia artificial y una propuesta de reglamento para prevenir y combatir el abuso sexual de menores en línea, ya que es "necesaria una reflexión consciente" en la UE de lo que está ocurriendo. Además, solicita a Europol información sobre su trabajo contra la violencia digital contra menores y si cuenta con los efectivos suficientes.

CONTROLES PARA LA APP

Por su parte, la iniciativa de Cañas, portavoz de Comercio Interior, se dirige directamente a aclarar qué controles tiene la aplicación ClothOff, “que se anuncia como una aplicación de libre acceso con la que ‘desnudar a chicas gratis’ y ‘a cualquier persona gratuitamente’ a partir de una fotografía”.

Cañas explica que esta aplicación no pide la edad del usuario ni de la persona fotografiada. En la política de uso de la aplicación no se menciona en ningún momento la palabra consentimiento “ni se considera que crear material pornográfico ilícito sea una violación de su política, solo el transmitir, almacenar o distribuirlo”. “Además, la política de la aplicación responsabiliza al consumidor del uso que haga de esta, pese a que en ningún momento promueve un uso lícito de la misma”, añade.

La Directiva de Servicios Digitales exige a las plataformas tener un representante en Europa para que la Comisión Europea pueda contactarle, apunta Ciudadanos. Por ello, Cañas pregunta a la Comisión si ya lo ha hecho, si le consta que el regulador de España esté tomando cartas en el asunto y qué piensa hacer en cualquier caso para evitar y perseguir estas situaciones.