En ese documento se promueven mejores prácticas en la composición y funcionamiento de los órganos de gobierno, al tiempo que se fomenta la transparencia y la igualdad y se regulan los conflictos de intereses, evitando el abuso de derecho, los bulos o las denuncias falsas que pretenden dañar el buen nombre de personas o instituciones, según informó este martes el CSD.

Además, asegura la adecuada separación de funciones, deberes y responsabilidades, desde una perspectiva de profesionalidad y rigor.

“La buena gobernanza, la transparencia y la responsabilidad no son solo principios éticos, sino también herramientas esenciales para hacer pedagogía y ganar la confianza de la ciudadanía”, subrayó José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD.

Uribes destacó la importancia de este Código de Buen Gobierno para “ayudar a quienes ejercen responsabilidades en las entidades deportivas, sirviéndose siempre de los más altos estándares de ejemplaridad y buena gobernanza”.

LEY DEL DEPORTE

La Ley del Deporte, aprobada en el Congreso de los Diputados en diciembre de 2022, prevé en su artículo 60.1 que las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales adopten un Código de Buen Gobierno para mejorar sus actuaciones y criterios en materia de igualdad, democracia y funcionamiento de sus órganos de gestión.

Además, contempla la regulación de los conflictos de intereses, la implementación de acciones de desarrollo y solidaridad, el establecimiento de mecanismos de control, el fomento de la ejemplaridad en la gestión y representación de los entes federados y asociados, la prevención de ilícitos de cualquier orden y el establecimiento de una estructura transparente, íntegra y organizada en el desarrollo de su actividad.

El Código de Buen Gobierno a aplicar por las federaciones deportivas y ligas profesionales, cuya actividad se fundamenta en la responsabilidad social, la transparencia informativa, la escucha activa y la igualdad de trato, incluye 12 principios generales.

Algunos de ellos son prudencia en las inversiones y gastos, optimizando los recursos financieros propios para la consecución de sus fines; igualdad de trato y no discriminación tanto en el ejercicio de sus funciones como en el acceso a las actividades de la entidad y a sus puestos, y pluralismo y libre participación de los integrantes de las federaciones y ligas en la vida asociativa.

Transparencia para la divulgación eficaz de su actividad, así como para el suministro de información clara sobre la procedencia de sus medios de financiación; escucha activa que permita tomar en consideración todos los intereses legítimos de las personas adscritas a estas entidades y del resto de personas afectadas por su actuación, y cumplimiento normativo de la ley aplicable en cada momento y territorio son otros principios.

NO A LAS DENUNCIAS FALSAS

Además, el Código apela a la responsabilidad a la hora de dar a conocer cómo se toman las decisiones, cómo se manejan los fondos y bajo qué criterios actúan; la ejemplaridad; la promoción y fomento de la salud, la actividad física y el deporte; la promoción del entorno medioambiental y la sostenibilidad, la protección y bienestar animal, y la buena fe en el uso de los instrumentos jurídicos para la defensa de los intereses legítimos y en la solución de controversias.

“No se incurrirá en abuso de derecho ni se llevarán a cabo denuncias falsas o con el ánimo de dañar el buen nombre de personas o instituciones”, apunta el documento.

Asimismo, el Código de Buen Gobierno establece deberes dirigidos a los miembros de los órganos de gobierno y personal directivo de las entidades deportivas, como no utilizar información y datos confidenciales en beneficio propio, evitar los conflictos de intereses, no hacer uso indebido del patrimonio de la entidad, remitir a los miembros de la Asamblea toda la información necesaria con suficiente antelación, crear sistemas de comunicación y denuncias anónimas y publicar en sus portales web los informes de auditoría y cuentas anuales, entre otros.

Además, también incluye normas relativas a la gestión y control ordinarios, como la publicación de un manual de procedimientos sobre el tratamiento de la información contable y un sistema de planificación y ejecución presupuestaria, así como normas relativas a la gestión de las retribuciones.

“Este Código de Buen Gobierno refuerza el compromiso del Consejo Superior de Deportes con la ética pública, la deontología profesional, los principios del Estado de Derecho y la ejemplaridad en el ámbito deportivo”, concluyó Uribes.