Así lo indicó en un comunicado en el que recordó que los funcionarios “arrastran una pérdida de poder adquisitivo de un 15% desde 2010, cuando les rebajó el sueldo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero”, por lo que considera que “urge negociar una subida salarial”.

En la misma línea, el presidente de CSIF, Miguel Borra, aseguró que los empleados públicos llevan contribuyendo al llamado pacto de rentas “más de diez años”, y reivindicó que “necesitan salarios acordes al trabajo que desarrollan y no pueden seguir sufriendo más recortes”.

Junto a la pérdida de poder adquisitivo, Borra alertó sobre la alta temporalidad en el empleo en las Administraciones Públicas, recordando que marcó un nuevo récord de un 32,5% en el primer trimestre del año, según los últimos datos de la EPA. “El Gobierno debe ser punta de lanza del empleo de calidad y tiene que poner en marcha cuanto antes la ley para reducir la temporalidad en nuestras administraciones”, señaló a este respecto.

Por el contrario, recordó que hay ámbitos como el SEPE o la Seguridad Social “que se encuentran en una situación complicada, como puso de manifiesto la pandemia, y que necesitan un refuerzo extraordinario de personal”.

Además, el presidente de CSIF criticó que la oferta de empleo público para 2022 en la Administración General del Estado -que se negocia con Función Pública esta semana- es insuficiente, teniendo en cuenta que solo se crean 4.000 empleos netos, que se han perdido 54.000 empleos en los últimos diez años y que en menos de diez años también se habrá jubilado un 60% de su plantilla.

Respecto al ‘Plan de ahorro y eficiencia energética en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE)’ anunciado por el Gobierno y que se aborda este martes con los sindicatos, Borra consideró que se trata “de un parche” y que” llega con retraso”, además de añadir que “aún no se ha desarrollado una normativa específica sobre teletrabajo en la AGE, mientras que el sector privado ya cuenta con una regulación clara”.

En este sentido, el presidente de CSIF subrayó que “el teletrabajo debía estar desarrollado desde hace más de seis meses en línea con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos”, de forma que, afirmó, “la clave para ahorrar energía debe ser que, respetando el acceso a la administración, se facilite que los empleados públicos puedan teletrabajar con todas las garantías”.