El sindicato denunció que esta pérdida de efectivos “supone una irresponsabilidad”, teniendo en cuenta la “carga de trabajo prevista en el proceso de regularización”. CSIF recordó que ya había avisado de que este proceso “se afrontaba sin los medios materiales adecuados, con personal insuficiente y mal formado y una pésima planificación”.

“El proceso de regulación masiva de migrantes está poniendo al descubierto las ‘costuras’ y necesidades de una Administración ya de por sí tensionada en la carga de trabajo, especialmente en ámbitos como los ayuntamientos, Extranjería, Seguridad Social e Interior. Función Pública debería de tomar nota de lo que está ocurriendo estos días”, denunció el sindicato en un comunicado.

Por otro lado, CSIF lamentó los datos generales de la EPA del primer trimestre, que reflejó una destrucción de 170.300 empleos en el primer trimestre y una subida del paro en 231.500 personas, con el mayor alza desde 2013.

El sindicato apuntó que estos datos evidencian que el mercado laboral español “tiene pendiente una reforma estructural” del modelo productivo, ya que el empleo “continúa mostrando las mismas vulnerabilidades históricas”.

“El empleo no está blindado, así como la estacionalidad del mercado laboral, donde perviven situaciones de vulnerabilidad y precariedad, pese a la reforma laboral”, avisaron. CSIF volvió a llamar la atención sobre el problema de la temporalidad en las administraciones públicas, que sigue estancada en torno al 27% respecto al total de empleo público. El sindicato señaló que este porcentaje es más del doble que la temporalidad que se registra en el sector privado.

También incidió en que el dato se conoce tras la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y recordó que su postura es que las administraciones públicas están incumpliendo de manera sistemática la Ley de Temporalidad.

Según datos oficiales recabados por CSIF, el 23% de las plazas ofertadas a estabilización aún no han sido cubiertas y hay miles que no se han convocado. Para CSIF, esta situación “pone en evidencia la ineficacia y falta de voluntad política de las diferentes administraciones”.

El sindicato exigió regular en el ordenamiento jurídico “sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables” para los responsables de las administraciones que sigan abusando de la contratación temporal. También reclamó que las ofertas de empleo público convoquen todas las plazas estructurales y que se reduzcan los plazos de ejecución de los procesos selectivos, que en la actualidad está fijado en un máximo de tres años, “que se incumple sistemáticamente”.

Asimismo, el sindicato insistió en la eliminación de la tasa de reposición en la próxima oferta de empleo público (OEP) para que las administraciones puedan realizar ofertas de empleo público en función de sus necesidades sin contratar interinos.

CSIF denunció que el Gobierno oculta las cifras de la oferta de empleo público de este año, tras la última reunión de la Mesa General de las Administraciones Pública, lo que supone “una situación inaudita que hurta a las organizaciones sindicales su derecho a negociar”.