Por ello, exigió la subrogación de la plantilla de la Sociedad de Gestión de Activos Procedente de la Restructuración Bancaria (Sareb) a la entidad pública Casa 47. El sindicato entiende que la continuación de la labor de Sareb por Casa 47 constituye “una transmisión de unidad productiva”, por lo que debe aplicarse la subrogación de personal prevista en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y la Directiva UE 2001/23/CE relativa al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad.

Sin embargo, denunció que en pleno debate sobre la crisis de la vivienda que afecta a España, el Gobierno abocará a la plantilla de Sareb a un despido colectivo para “ahorrarse costes salariales, mientras que la entidad pública encargada de dar continuidad a sus funciones contratará y formará a nuevo personal para desarrollar el trabajo que actualmente se lleva a cabo en Sareb, con el consiguiente gasto añadido de proceso selectivo y formación”.

El total de viviendas a transmitir de Sareb a Casa 47 se cifra en más de 40.000, a lo que se suman cerca de 2.400 suelos con capacidad para albergar aproximadamente 55.000 viviendas. CSIF denuncia que la transmisión escalonada de activos ha devenido además en una confusión patrimonial entre ambas mercantiles.

Por otra parte, CSIF manifestó su preocupación y solidaridad con las personas más desfavorecidas ante la grave crisis de acceso a la vivienda que asfixia a miles de familias y particulares.

“Los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas también sufren este problema derivado del incremento del coste de la vida y la diferencia retributiva”, avisó el sindicato.

De hecho, CSIF está constatando una “realidad inédita hasta ahora”, con empleados públicos que se ven obligados a renunciar a sus plazas recién ganadas o a pedir excedencias en territorios como Madrid, Barcelona o las Islas Baleares, por los costes actuales de la vivienda.

“Se da la circunstancia de que estas personas deben trasladarse para atender nuestros colegios, hospitales, juzgados u oficinas de atención ciudadana pero muchas veces no pueden permitirse un techo bajo el que vivir”, alertó.

Para evitar este problema, reclamó adaptar los complementos de destino y la extensión del complemento de residencia a zonas con precios tensionados.

“La vivienda es un problema transversal que requiere soluciones globales para toda la ciudadanía y, mientras tanto, la Administración debe actuar con responsabilidad para evitar el desmantelamiento involuntario de nuestros servicios públicos en los lugares más afectados”, recalcó CSIF.