Entre las entidades públicas que carecen de un convenio para sus trabajadores, el sindicato citó Tragsatec (medio ambiente), Senasa (aeronaútica), Incibe (ciberseguridad), Isdefe (Defensa) y el Consorcio de Compensación de Seguros (indemnizaciones).

“Asistimos actualmente a casos como el de Paradores, donde la dirección lleva cuatro años dilatando la negociación del nuevo Convenio; o Fundae (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo), donde CSIF llegó a un acuerdo con la dirección para un nuevo Convenio en octubre de 2002 y al que Hacienda no ha dado luz verde tres años después”, expresó el sindicato en un comunicado.

Además, avisó de que en Tragsatec, que pertenece a la SEPI, también se padecen estos problemas, “con más de 15.000 empleados que se rigen por un acuerdo de homologación (firmado en 2011) anticuado y que no corrige su tasa de eventualidad, la más alta del sector público”.

En el caso del Consorcio de Compensación de Seguros, sus trabajadores no cobran la evaluación del desempeño, a pesar de que el acuerdo está firmado, mientras que en Isdefe no tienen convenio y en Incibe el acuerdo colectivo data de 2011.

El sindicato también reclamó la implantación de la jornada de 35 horas semanales en todas las empresas públicas, para fomentar “la conciliación sin perder dinero para los trabajadores”.

Por otro lado, CSIF recordó que la oferta de empleo público de 2025 “también está pendiente en la gran mayoría de empresas públicas”, a pesar de que resulta “imprescindible para rejuvenecer plantillas y para combatir la altísima tasa de temporalidad”.

Los trabajadores de las empresas públicas se unirán el 30 de octubre a las movilizaciones convocadas por CSIF, UGT y CCOO para exigir una subida salarial para los empleados públicos y mejores condiciones laborales.

La convocatoria en Madrid está prevista a las 12.00, ante la sede del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, mientras que en el resto de España se celebrarán ante las subdelegaciones del Gobierno.

Los sindicatos han convocado a los empleados públicos bajo el lema 'Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos', para denunciar la congelación salarial de las nóminas desde que expiró en 2024 el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en 2022, sin que se haya empezado todavía la negociación del siguiente.