“CSIF ha tenido constancia de que el personal habilitado de los ministerios ha recibido orden para realizar ya el abono de estos atrasos”, expresó el sindicato en un comunicado, tras conocerse el visto bueno del Gobierno.

El sindicato lamentó que, para que la subida haya sido efectiva, han sido necesarias “decenas de manifestaciones en toda España desde principios de año”. Además, CSIF llegó a presentar una queja formal en el Ministerio de Presidencia en mayo.

NUEVO ACUERDO

Este 0,5% pendiente estaba contemplado en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en 2022 entre Función Pública, CCOO y UGT. CSIF quedó fuera al entender que no garantizaba la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores públicos.

En ese pacto, que abarcaba de 2022 a 2024, se estableció un incremento fijo para ese año del 3,5%, un 2,5% para 2023 y un 2% para 2024, a los que se sumaban incrementos de medio punto en función de los objetivos de PIB o IPC.

Así, en ese periodo, los sueldos públicos podrían subir desde un 8% hasta un 9,5% si se cumplían las variables contempladas en las cláusulas de revisión, como fue el caso.

El 0,5% pendiente de 2024 se abona tras constatarse que el IPC armonizado de 2022, 2023 y 2024 superaba el incremento retributivo fijo acumulado de 2022, 2023 y 2024. Este incremento tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024.

Ante el fin de ese Acuerdo desde finales de 2024, CSIF exigió que “se convoque sin más demora la mesa de negociación para otros temas pendientes”, como un nuevo acuerdo salarial, o la oferta de empleo público, sin tasa de reposición.

CSIF estima que la congelación salarial retiene ya 1.800 millones de euros a los trabajadores del conjunto de las administraciones. Como consecuencia de la evolución de los precios (el último IPC correspondiente al mes de junio arrojó una subida del 2,2 por ciento), los empleados públicos han sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 8% desde la firma del último acuerdo salarial y de casi un 20% desde la bajada de sueldo decretada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2010, según los cálculos del sindicato.

Asimismo, CSIF reclamó la implantación de la jornada laboral de 35 horas, la equiparación salarial entre administraciones, la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, mejoras en las condiciones de jubilación del Régimen General y Clases Pasivas, la adecuación de los grupos profesionales en el conjunto de administraciones y la implementación de la carrera profesional.