En un comunicado, CSIF detalló que este tipo de sanciones debe ir “más allá de la mera responsabilidad administrativa” y recaer “sobre los máximos responsables de aquellas administraciones que incumplan”.

La reacción del sindicato llegó después de que el Ministerio de Función Pública comunicara que ha solicitado una prórroga a la Comisión Europea antes de que se hagan efectivas las sanciones por no alcanzar los objetivos de la Ley de Estabilización, que limitan al 8% la tasa de temporalidad. El propio ministerio reconoció que, en los sectores de educación y sanidad, la temporalidad asciende al 49% y 43%, respectivamente.

Por ello, la organización sindical propuso endurecer las sanciones y que las ofertas de empleo público convoquen todas las plazas estructurales para evitar el recurso a la contratación temporal. Asimismo, reclamó reducir los plazos de ejecución de los procesos selectivos, que actualmente tienen un máximo de tres años que “se incumple sistemáticamente”, y eliminar la tasa de reposición en la próxima oferta de empleo público, tal como se pactó con el sindicato, para que las administraciones puedan realizar ofertas en función de sus necesidades.

CSIF destacó que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 11 de mayo avala su posición de que las administraciones públicas “están incumpliendo de manera sistemática la Ley de Temporalidad”.

Finalmente, el sindicato trasladó su solidaridad con los miles de trabajadores en situación de abuso de la temporalidad y aseguró que continuará con sus medidas de presión “hasta conseguir que el Gobierno cumpla”.