El sindicato advirtió de que la ciudad autónoma sufre “una situación insostenible que desborda las capacidades ordinarias locales y autonómicas” y reprochó a las autoridades que la crisis haya encallado “en disputas partidistas y fricciones competenciales”.

CSIF apuntó que la activación de la Ley de Seguridad Nacional permitiría articular un mando único y coordinar de manera integral todos los recursos humanos y materiales del Estado y las administraciones públicas, sin que suponga en ningún caso la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos.

El sindicato también exigió que, en el caso de la activación, la autoridad recaiga en un perfil estrictamente técnico-profesional y no de designación política. En su opinión, un comité técnico independiente garantizaría agilidad operativa real, con decisiones basadas en protocolos de emergencia, logística y criterios sobre el terreno, y eliminaría la burocracia y las demoras derivadas del debate político.

También facilitaría la coordinación integral de servicios esenciales, con una gestión unificada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, personal sanitario, servicios de menores, protección civil, emergencias, salvamento marítimo y de todas las administraciones implicadas.

Además, garantizaría la seguridad y el dimensionamiento de las plantillas, por lo que se facilitaría un refuerzo inmediato de efectivos, respeto a los turnos y descansos.

CUESTIÓN DE ESTADO

CSIF denunció que la falta de “una respuesta unificada y contundente” por parte del Ejecutivo central “debilita la capacidad de respuesta y desprotege a quienes están en primera línea”.

El sindicato defendió que la contención de la crisis de Ceuta “requiere medidas estructurales claras y disuasorias” y urgió a una “agilización efectiva y sistemática” de los procedimientos de retorno y rechazo en frontera de quienes accedan irregularmente, “para cortar de raíz el efecto llamada”.

En el caso de que estas medidas resultaran insuficientes, CSIF instó a activar las reformas normativas necesarias y reforzar los convenios bilaterales de readmisión, con el respaldo directo de la Unión Europea (UE) frente a situaciones de instrumentalización de los flujos migratorios y presiones hibridas.

“Enviar un mensaje nítido y firme en la frontera es la primera piedra indispensable para preservar la estabilidad socioeconómica, garantizar la seguridad ciudadana y blindar el futuro y la soberanía de Ceuta como parte inalienable del Estado. Ceuta no puede esperar más”, subrayó el sindicato en un comunicado.

CSIF también aseguró que, ante el desbordamiento de los cauces ordinarios, el Estado “tiene la obligación de actuar con todas las herramientas a su alcance”.