Así lo trasladó Borra en el marco de la mesa redonda ‘Sociedad Civil y Amnistía’ organizada por el PP en el Congreso de los Diputados. Exigió que el Gobierno que “aclare formalmente” cómo va a quedar la gestión de la política migratoria tras el acuerdo entre PSOE y Junts. En ese sentido, aseguró que el CSIF ha recibido consultas de trabajadores “preocupados” por su futuro, funciones y seguridad laboral.

Estima que actualmente trabajan “unos 250 funcionarios” en las oficinas catalanas de Extranjería y en el Ministerio del Interior. Así, afirmó que tomarán “las medidas que sean necesarias” para “evitar que se quiebre la igualdad entre españoles” y velará "por la seguridad jurídica y la independencia profesional de los empleados públicos”.

En declaraciones previas a los medios de comunicación, el presidente del CSIF avanzó que ha mandando una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamando información sobre los empleados públicos que tienen competencias en inmigración, ya que con la cesión a Cataluña de este ámbito sus puestos de trabajo quedan "vacíos de contenido".

Sin embargo, lamentó no haber recibido respuesta aún de Sánchez y denunció que los funcionarios de inmigración "a lo mejor tendrán que ser trasladados a otros puestos en otras provincias o en otras comunidades". Subrayó las "decenas" de llamadas y correos electrónicos que el CSIF está recibiendo por parte de los funcionarios con competencias en inmigración "que están en Cataluña preocupados por su situación laboral".

CESIÓN DE OTRAS COMPETENCIAS

Asimismo, aseguró estar en contra de la cesión de competencias a las autonomías en Seguridad Social y empleo público. También se negó a que el Gobierno ceda competencias en la homologación de los títulos universitarios o en la formación de los especialistas en el Sistema Nacional de Salud.

Por último, criticó la prevalencia de los convenios laborales autonómicos respecto a los estatales.

Sobre la futura ley de amnistía, Borra señaló que es un asunto "de trascendencia política" sobre el que es "prematuro pronunciarse" dado que aún se desconocen los términos en los que se acabará articulando la norma.

No obstante, manifestó su preocupación por las “dudas jurídicas” que ha suscitado su encaje constitucional· En todo caso, subrayó que desde CSIF defenderán "siempre la independencia de los jueces, el ordenamiento jurídico vigente y el sometimiento de todos los ciudadanos por igual al imperio de la ley".