El sindicato trasladó esta petición en una carta remitida a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que expresa su preocupación por el incremento sostenido de episodios de violencia contra los profesionales sanitarios y advierte de que “ya no se trata de hechos aislados, sino de un fenómeno estructural” que afecta a la seguridad laboral, a la salud mental de los trabajadores y a la calidad de la asistencia sanitaria.

Según CSIF, esta situación resulta “incoherente con la declaración de 2026 por parte del Gobierno como Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, una iniciativa orientada a reducir la siniestralidad laboral, reforzar la cultura preventiva y mejorar la protección de los trabajadores frente a nuevos riesgos laborales.

En este contexto, el sindicato anunció la puesta en marcha de una campaña nacional de sensibilización bajo el lema ‘Receta 2026 contra las agresiones al personal del ámbito sanitario’, con la que pretende visibilizar la gravedad de la violencia que sufren los profesionales y reclamar “medidas urgentes para garantizar su seguridad”.

CSIF recordó además que el aumento de estas agresiones se produce en un momento en el que la Organización Internacional del Trabajo ha situado como “prioridad la promoción de entornos psicosociales saludables” en el ámbito laboral, con especial atención a factores como la violencia, el acoso o la presión asistencial.

Entre las medidas planteadas, el sindicato propuso la creación de un “marco estatal de protección frente a agresiones en el ámbito sanitario” que incluya un régimen sancionador homogéneo en todo el SNS, con multas económicas proporcionales a la gravedad de los hechos y la posibilidad de “limitar temporalmente el acceso al centro sanitario del agresor”, garantizando siempre “una atención alternativa”.

Asimismo, reclamó reforzar la prevención de riesgos laborales mediante evaluaciones específicas del riesgo de agresión, la elaboración de mapas de riesgo por centros y servicios y la implantación de protocolos de actuación conocidos por toda la plantilla.

CSIF también exigió “mejorar la seguridad en los centros sanitarios” con más personal para evitar “situaciones de aislamiento profesional”, la instalación generalizada de botones de alerta o sistemas de alarma, la incorporación de videovigilancia en zonas de riesgo y una mayor coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El sindicato concluyó que la violencia contra los profesionales sanitarios “no es solo un problema de orden público, sino un riesgo laboral reconocido en la legislación española y una vulneración del derecho a la integridad física y moral” en el trabajo, por lo que invertir en seguridad laboral resulta “una obligación legal y una garantía para la calidad del sistema sanitario público”.