El sindicato trasladó a la cartera de Yolanda Díaz una batería de propuestas en respuesta a la consulta pública de la norma, cuyo plazo terminó el miércoles, según informó este jueves en un comunicado. CSIF señaló que la normativa actual “ya no responde a la realidad del trabajo y necesita una transformación urgente”, con mayor atención a la salud mental, la digitalización, más recursos, ratios obligatorias de personal de prevención o un refuerzo del papel que juegan los delegados de prevención.

A juicio del sindicato, esta ley “ha quedado desfasada” y relegada en muchos casos a “un mero trámite burocrático, sin impacto real en la seguridad y la salud de las personas trabajadoras”. Los cambios en el mundo laboral están generando nuevos riesgos que la legislación actual no está cubriendo de forma adecuada, por lo que CSIF instó a avanzar hacia un modelo real basado en más prevención efectiva y menos burocracia, más control y sanciones ante el incumplimiento y más participación de los trabajadores en las decisiones preventivas.

Entre las prioridades de sus propuestas, CSIF citó situó la salud mental, la digitalización y los riesgos emergentes. Para ello, abogó porevaluaciones obligatorias de riesgos psicosociales cada dos años, planes específicos de salud mental, bienestar laboral y prevención del suicidio en el trabajo, incorporación de psicólogos y psiquiatras en los servicios de prevención y la creación de una Unidad Técnica especializada en Riesgos psicosociales. El sindicato también exigió regular de forma clara los riesgos derivados de la digitalización, la inteligencia artificial y la hiperconectividad, incluyendo el derecho efectivo a la desconexión digital.

Por otro lado, denunció la externalización de la prevención, que ha derivado en modelos de bajo coste que no protegen a los trabajadores. Para revertir esta situación, CSIF consideró necesario establecer ratios obligatorias de inspectores de trabajo, técnicos en prevención y personal sanitario de los servicios de prevención, para así reforzar las plantillas.

También garantizar servicios de prevención con recursos suficientes y carga de trabajo adecuada y establecer sistemas de información adecuados para la coordinación de las administraciones sanitarias, mutuas, servicios de prevención y el Sistema Nacional de Salud.

PAPEL DE LOS DELEGADOS

CSIF apostó por reforzar el papel de los delegados de prevención y la participación sindical como elemento clave para mejorar la seguridad laboral. Entre las medidas planteadas, expuso el crédito horario adicional de al menos 40 horas para delegados de prevención, el acceso real a la documentación preventiva, la presencia obligatoria en inspecciones y visitas preventivas, y los comités de seguridad y salud con mayor capacidad de decisión ante riesgos graves.

Asimismo, reclamó que la ley se aplique a todos los sectores, incluidos especial riesgo en el sector público (personal de emergencias, policía, seguridad y resguardo aduanero), mediante regulación específica en un anexo a la ley y plazos cerrados.

También planteó reforzar la protección a lo largo de toda la vida laboral, con la adaptación de puestos de trabajo y retorno progresivo tras bajas, la vigilancia de la salud más allá del empleo (post ocupacional), y mayor protección en maternidad, paternidad y tratamientos de fertilidad.

CSIF avisó de que esta reforma “no puede quedarse en un mero ajuste técnico” y exigió al Gobierno valentía política y compromiso real para situar la salud laboral como una prioridad. Para el sindicato, la seguridad y la salud en el trabajo son innegociables y deben convertirse en un eje central de las políticas públicas.