El presidente de esta organización, Miguel Borra, viajó este jueves a esta ciudad autónoma y mantuvo reuniones con delegados sindicales y empleados públicos de los sectores afectados para escuchar de primera mano sus demandas y la situación en la que se encuentra la prestación de servicios que reciben los ciudadanos.

CSIF ha preparado un expediente sobre todo lo acontecido en Ceuta desde finales del mes de julio, con la cronología de los acontecimientos, evolución de la frontera, efectivos existentes y refuerzos enviados, situación de los procedimientos de extranjería, incidencias de seguridad, afectación a empleados y servicios públicos, utilización de instalaciones públicas, entre otros.

Asimismo, ha analizado las solicitudes realizadas por las administraciones, las respuestas del Gobierno de España, la ayuda europea solicitada o no solicitada, actuaciones y posibles omisiones de los distintos organismos competentes, así como las declaraciones y actuaciones del Reino de Marruecos relacionadas con Ceuta y Melilla.

En su opinión, entre las cuestiones que deben analizarse se encuentran si España dispuso de personal y medios suficientes para garantizar un control eficaz de la frontera; si se han aplicado correctamente las obligaciones europeas de identificación y lo procedimientos europeos de frontera asilo y retorno; si existe una insuficiencia estructural de recursos, así como los medios destinados a Ceuta; la actuación previa y posterior del Ministerio del Interior; la protección de servicios públicos y de sus trabajadores; la coordinación entre administraciones, y la utilización o no de mecanismos europeos.

Desde el pasado 31 de julio, CSIF manifestó al Gobierno y a la administración de Ceuta su preocupación por el aumento de la presión migratoria y su impacto directo sobre los servicios públicos esenciales y sobre los profesionales que a diario sostienen la atención a la ciudadanía en condiciones “muy difíciles”.

Así, CSIF reclamó un plan extraordinario de refuerzo para proteger la asistencia sanitaria, los centros de menores, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios de emergencia y la seguridad privada ante una situación que amenazaba con desbordar la capacidad de ambas ciudades autónomas.

Alertó de la sobrecarga que afrontan empleados públicos de servicios como las fuerzas de seguridad del Estado, la sanidad, la educación o la atención a personas migrantes, incluido un gran número de menores no acompañados.

“Esta desproporción supone para Ceuta una carga económica, asistencial y de espacio absolutamente inasumible, saturando recursos, instalaciones y servicios públicos de una ciudad con un territorio y una población muy limitados”, aseveró el sindicato.