El sindicato da este paso después de que el Gobierno publicara en el BOE la orden por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024, en los que también quieren que se incluya una oferta de empleo público (OEP) en la que se refuercen las plantillas, “con una adecuada planificación de las necesidades eliminando la tasa de reposición”.

CSIF ha recogido las medidas de mejora salarial en un decálogo. En primer lugar, exige la recuperación de la estructura salarial del conjunto de empleados públicos previo a los recorres aprobados en 2010. “Hay que negociar el acuerdo salarial vigente. El IPC conocido hoy confirma una pérdida de poder adquisitivo del 5 por ciento desde su firma”, defendieron desde el sindicato.

A su vez, quiere que una equiparación salarial efectiva entre los funcionarios pertenecientes a un mismo cuerpo, escala o categoría y con idénticas funciones y tareas asignadas, independientemente del ámbito territorial en la que desarrollan su actividad laboral.

CSIF busca también que Hacienda habilite presupuestos para actualizar las cuantías determinadas como indemnizaciones por razón del servicio, adecuar los complementos de residencia e insularidad, desarrollar e implementar la carrera profesional, reducir la jornada laboral a 35 horas y poner en marcha el teletrabajo.

Por último, pretende que se reconozca y adecúe la retribución de los grupos profesionales regulados en el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público, se incrementen “los haberes reguladores de las pensiones de clases pasivas y se financie mejor el mutualismo administrativo.

SUBIDA SALARIAL EN JUSTICIA

En paralelo, al margen de estas medidas, CSIF reclamó también una partida económica destinada a cubrir la subida salarial que los 45.000 funcionarios de Justicia. Esta exigencia, trasladada al Ministerio de Justicia por carta –y no al de Hacienda como sí hizo con las anteriores medidas– busca dar cumplimiento al documento reivindicativo que CSIF y otras organizaciones sindicales presentaron en abril, cuando comenzaron las movilizaciones.

CSIF también ha solicitado a la nueva administración de Justicia que se retomen de forma urgente las negociaciones para resolver el conflicto que se arrastra desde la pasada legislatura, y buscar fórmulas que permitan la recuperación de la normalidad en el funcionamiento de juzgados y tribunales y, en general, en la prestación de este servicio público esencial.