“Este colectivo, que ahora trabaja fundamentalmente en Universidades y Organismos Públicos de Investigación, se ve doblemente penalizado: ahora, porque les afecta con respecto a trienios, promoción, complementos docentes, etc. y de cara a su futuro porque habrán perdido años de cotización de cara a su jubilación y a sus pensiones, entre otros efectos”, explicó el sindicato.

Hasta 2011, los becarios de investigación no cotizaban a la Seguridad Social por los años trabajados durante ese periodo de vida laboral porque la normativa vigente entonces en España no obligaba a sus empleadores.

A partir de dicho año, el Gobierno habilitó un convenio temporal que permitió que el antiguo personal investigador en formación cotizara a la Seguridad Social durante dos de los cuatro años de la duración de su beca predoctoral, tanto en el ámbito público como en el privado. No obstante, este procedimiento solo estuvo vigente unos meses y hay miles de personas que quedaron fuera al concluir el plazo.

Por eso, desde CSIF reclamaron una normativa que permita reconocer la cotización a todas las personas afectadas de manera definitiva en el futuro Estatuto del Becario, que se negocia actualmente en el marco del Diálogo social.

En este punto, el sindicato pidió que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, cumpla con su “compromiso de que el colectivo contará con un catálogo de derechos en sentido estricto, entre ellos, en el ámbito de la Seguridad Social”.

Por último, exigió al Gobierno que a partir de ahora se puedan computar todos los años de duración de la beca al colectivo afectado y que también se reconozca el tiempo trabajado en becas postdoctorales y en los contratos vinculados a proyectos de investigación.