Desde CSIF, se recalcó la “especial gravedad” de las agresiones hacia el personal sanitario, principalmente en los centros de Atención Primaria y urgencias hospitalarias, como son los "insultos, agresiones verbales y amenazas”, e incluso “agresiones físicas”.

En dicha carta, reclaman al Ministerio de Sanidad que impulse medidas para prevenir la violencia y el acoso en la sanidad mediante "una norma estatal" que garantice sanciones administrativas en todas las comunidades autónomas, ya que "actualmente sólo cuentan normas de este tipo Castilla León y Navarra".

Piden modificar el Código Penal para recoger las amenazas leves, injurias y vejaciones que se eliminaron en 2015 del artículo 620. Además, se solicita modificar el artículo 550.1 del Código Penal para incluir dentro de la figura ‘atentado contra la autoridad’ al todo el personal de la Sanidad, "sean o no funcionarios", como personal administrativo, de limpieza o celadores.

Otra de las peticiones es la asistencia jurídica al personal agredido en todas las administraciones ya que, según CSIF, hay comunidades autónomas que no prestan asesoramiento legal, representación y defensa en un juicio, "dejando desamparado al personal agredido".

Además, desde la organización sindical se reclama poder recabar “datos fiables” de agresiones de todas las comunidades autónomas, además de establecer medidas para reparar el daño emocional mediante un programa de ayuda al empleado "que proporcione apoyo psicológico gratuito para trabajadores agredidos".

Por último, desde CSIF se pide abordar las "grandes deficiencias" en los servicios públicos de salud mediante el refuerzo de plantillas y la reducción de la burocracia, mediante una "correcta planificación y presupuesto".