Así lo indicó en una rueda de prensa, donde destacó que los españoles, y “en particular” los empleados públicos, “han pagado los efectos de la crisis económica, como el alza de los precios y la subida de los tipos de interés”. En este sentido, auguró que “casi 2,7 millones de personas serán determinantes en los próximos comicios”.

“Pedimos propuestas que nos permitan avanzar hacia un empleo y unos servicios públicos de calidad, que haya mejoras salariales y pensiones dignas, y un reconocimiento profesional de quienes trabajan en las administraciones. Por ejemplo, exigiremos la revisión del acuerdo salarial porque quedó desfasado desde el minuto uno”, trasladó Borra a los medios de comunicación.

Asimismo, destacó que las medidas “fundamentales” que deben llevar los partidos políticos en su programa son la equiparación salarial entre administraciones públicas, la implantación en todas las administraciones públicas de la jornada laboral de 35 horas semanales y el desarrollo “efectivo” del teletrabajo en la administración general de trabajo.

El presidente de CSIF también subrayó que es “necesario" garantizar una financiación pública de la educación y la sanidad hasta un 7% del PIB, eliminar la brecha salarial, garantizar la paridad, revisar el pacto contra la violencia de género y reformar la ley sindical para que más sindicatos participen en el diálogo social.

Por otro lado, Borra señaló que “se debe” reducir el número de asesores y altos cargos y pidió que terminar con “los nombramientos a dedo” y regular la jubilación parcial anticipada en el personal de funcionario estatuario y en aquellos colectivos cuya actividad profesional “lo recomiende”.

“El adelanto de las elecciones ha agravado la situación de incertidumbre porque han caído proyectos pendientes en el Congreso de los Diputados y se han interrumpido negociaciones muy importantes, como la retribución y ordenación de la Justicia, la figura de agente de autoridad de prisiones o la ley de función pública”, lamentó el presidente de CSIF.

Además, exigió al Ejecutivo que, antes de los comicios que se celebran el 23 de julio, publique la oferta pública de empleo para el año 2023 porque “en estos momentos las convocatorias que están saliendo son de 2021 y 2022, lo que significa que hay años de retraso”.