En este sentido, el Real Decreto sobre consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, publicado el pasado 28 de diciembre, habilita al Ministerio de Hacienda para modificar mediante orden ministerial estas cuantías.

Por ello, el presidente de CSIF, Miguel Borra, subraya en una carta enviada a la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez, que el coste de la gasolina y el diésel se ha incrementado un 230 y 240 por ciento, respectivamente, desde la última actualización de dichas dietas, lo que supone “un desfase con respecto a las cuantías de las indemnizaciones y el gasto real”.

“En este sentido, advertimos que este hecho podría calificarse como un enriquecimiento ilícito de la propia administración, ya que son los propios empleados y empleadas públicos los que tienen que hacer frente a este encarecimiento del combustible”, advierte el sindicato.

CSIF destaca, además, que las indemnizaciones que perciben “otros servidores públicos, como diputados y senadores” por el uso de sus vehículos particulares en cumplimiento de sus funciones “supera las establecidas para las trabajadoras y los trabajadores del sector público”.

Por último, el sindicato señala que ha solicitado a Hacienda en “numerosas ocasiones” la actualización de las cuantías de indemnización por razón de servicio para el conjunto de los empleados públicos, además de proponer una serie de enmiendas en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, “sin que hasta la fecha se haya procedido a dicha revisión”.