De este modo, el tribunal lo considera autor de un delito de prevaricación y de un delito de malversación de caudales públicos, en relación de concurso medial, con la atenuante de dilaciones indebidas, y lo condena a cuatro años y un mes de prisión y diez años y un mes de inhabilitación absoluta, así como que indemnice a la Junta de Andalucía en la cantidad de 682.598,50 euros, cantidad que se corresponde con las tres órdenes de pago que emitió y que determinaron los correspondientes abonos de las ayudas.

Los magistrados absuelven de dichos delitos a un exdirigente sindical de CC.OO. y también a esta organización sindical como responsable civil subsidiaria. Así, y en relación al primero, la Audiencia argumenta que “no se ha podido probar que existiera una contribución eficiente y causal por parte del entonces cargo sindical a la perpetración de los hechos que son objeto de acusación, sin perjuicio de que hubiera dado su apoyo a las reclamaciones de los empleados de Fertiberia que no pudieron acogerse a las prejubilaciones previstas en el ERE”.

Además, “tampoco podemos deducir que ostentara la condición de negociador directo con la administración autonómica ni que resultara actor, con el correspondiente director de Trabajo, en la suscripción del sistema de obtención de ayudas a la prejubilación descrito mediante las pólizas de seguro”.

Tampoco “se ha acreditado” que por parte de este acusado “se desenvolviera la dirección de la mecánica denunciada, que habría consistido en la solicitud por los empleados de un traslado incentivado de centro de trabajo para, a continuación, obtener a su vez una baja incentivada, con el fin último de conseguir ingresos y promover una ilícita concesión de ayudas a la prejubilación”.

Según la Sección Primera, más allá de su presencia en una reunión entre el comité de empresa y el entonces delegado de Empleo en Sevilla, “no consta alguna intervención especialmente sustancial en la consecución de las pólizas ni aparecen signos bastantes de connivencia con el director general para atender a la solicitud de los trabajadores”.

En el juicio, la Fiscalía Anticorrupción solicitó para los dos acusados una pena de cinco años de cárcel y doce años de inhabilitación absoluta, así como que, en concepto de responsabilidad civil, el representante sindical indemnizara con 2.262.666,61 euros a la Junta, y que el ex alto cargo de la Junta restituyera de aquella cantidad el importe de 682.598,50 euros.