Según informó la EAPN, ese Avance está construido a partir de los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El documento recoge tanto la tasa Arope -personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social-, como sus diferentes componentes: tasa de riesgo de pobreza, la carencia material y social severa y el porcentaje de población con baja intensidad en el empleo.

Según el Avance, el riesgo de pobreza o exclusión social se mantiene igual respecto al año anterior y alcanza al 25,7% de la población residente en España, unos 12,6 millones de personas. La tasa de pobreza se sitúa en el 19,5% con lo que encadena tres años seguidos de reducción lenta pero continuada: alrededor de 9,6 millones de personas viven en pobreza, es decir, con ingresos inferiores a 12.220 euros anuales por unidad de consumo (1.018 euros al mes).

Desde EAPN España valoraron de forma positiva que no se haya producido un empeoramiento de los datos, especialmente con la mejora en tasas como las de pobreza infantil (del 29,2% en 2024 al 28,4% en 2025) o entre personas jubiladas (del 13,9% en 2024 al 13% en 2025). Sin embargo, desde la Red mostraron preocupación por las dificultades para reducir unas cifras de pobreza que afectan al 25% de la población desde hace más de una década. "Se trata de un suelo que no consiguen reducir ni el crecimiento macroeconómico ni las cifras récord de empleo de 2025", alertó.

VIVIENDA

Especialmente grave es la situación de pobreza para aquellas personas en régimen de alquiler, explicó la EAPN, ya que cuatro de cada diez personas en España (43,6%), que viven de alquiler a precio de mercado, se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social.

Además, los datos del Avance señalan la relación entre el pago de un alquiler y la carencia material y social severa: el número de personas que no puede hacer frente a bienes necesarios y que vive de alquiler es el triple en comparación con quienes disponen de vivienda en propiedad (17,8% frente al 5,1%). La población con menos ingresos se ve abocada al alquiler, situación que, frente al alza continuada de los precios, repercute en la calidad de vida de las familias, limitando su capacidad de gasto: 63,9% de las personas en alquiler tuvo dificultades para llegar a fin de mes.

Estos datos se publican en pleno debate por la prórroga del decreto que paraliza los desahucios de familias vulnerables, incluido en el 'escudo social'. En este sentido, desde EAPN España urgen a los grupos parlamentarios a convalidar la moratoria para impedir que se produzcan desahucios sin alternativa habitacional, una medida que “debe tener un carácter estructural”.

A su vez, reclamaron “responsabilidad pública de las instituciones estatales, regionales y locales” para que impulsen políticas de garantía de vivienda de las familias en situación más vulnerable. Entre ellas, fomento del alquiler social o el control del precio de los alquileres. Además, consideran necesario incrementar el parque de vivienda pública, que en España solo alcanza un 2,5% frente al 9% de la media europea.

DE FORMA ESTRUCTURAL

En la Red mostraron especial preocupación por los datos de pobreza infantil, que en 2024 ya situaron a España a la cabeza de la Unión Europea. Aunque en 2025 mejoran todos los indicadores de la tasa Arope para la población menor de 18 años, las cifras siguen siendo muy altas. En España, uno de cada tres niños, niñas y adolescentes está en riesgo de pobreza y/o exclusión social: 2,7 millones.

Además, la mejora no se produce por igual en todos los hogares. Las familias monoparentales mantienen, un año más, datos muy elevados de pobreza: la mitad se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social (50,6%). “La reducción de la pobreza infantil es claramente positiva, pero seguimos con unos niveles altísimos asociados a la falta de apoyo a las rentas de las familias”, explica Carlos Susías, presidente de EAPN España y EAPN Europa.

Pese las constantes apelaciones por parte de EAPN España y otras organizaciones del Tercer Sector y de la sociedad civil para hacer frente a esta grave problemática, siguen sin implementarse políticas efectivas para las familias con niñas, niños y adolescentes como la prestación universal por crianza, que ya está en activo en otros países de la Unión Europea. Tal y como señala el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en sus recomendaciones a España, "esta medida es la forma de avanzar hacia una respuesta progresiva y suficiente para las familias".

UN PACTO CONTRA LA POBREZA

Desde EAPN España advierten que la cronificación de la pobreza “no es una buena noticia” en un contexto de crecimiento económico y de cifras récord de empleo. “Se debe hacer un mayor esfuerzo para garantizar una vida digna a millones de personas. Necesitamos políticas más intensas, más extensas y estructurales”, señala Carlos Susías.

Denunciaron, en este sentido, que la derogación del decreto que contenía el 'escudo social' dejó en el aire "instrumentos de protección social para millones de personas, que se estaban consolidando como eficaces en la contención de las cifras de pobreza". Además, "pone en riesgo también la garantía de continuidad del salario mínimo prevista para proteger a la población con sueldos más bajos hasta la fijación del SMI de 2026, en un contexto en el que cerca de 2,5 millones de personas viven en situación de pobreza pese a tener empleo, según el XV Informe ‘El Estado de la Pobreza’ de EAPN España".

Apelaron por ello a las fuerzas parlamentarias a tener "altura de miras” para convalidar los nuevos decretos que contienen esas medidas y a “mejorar y consolidar” las medidas incorporándolas como estructurales en el Pacto Estatal de Lucha contra la Pobreza "paralizado en la Cámara Baja, junto a políticas fiscales más redistributivas, garantizar el derecho a la vivienda, y aprobar de forma urgente la prestación universal por crianza".

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El Avance constata también un año más la brecha territorial, con las regiones con mejores datos al norte, y aquellas con cifras más elevadas de pobreza y exclusión social al sur, desde el 14,7% de riesgo de pobreza o exclusión del País Vasco hasta el 34,7% en Andalucía.

Para EAPN-ES, "la desigualdad entre regiones determina la calidad de vida de la población en función del lugar donde viva, lo que exige la máxima colaboración entre las diferentes Administraciones si se quiere garantizar la cohesión territorial". Por ello, alerta de que todas ellas "deben desarrollar, de forma conjunta, mayores políticas de inversión social. Entre otras iniciativas, es necesario que se complemente de forma decidida el ingreso mínimo vital con las rentas autonómicas, garantizar el derecho de acceso y mantenimiento de la vivienda, y políticas de cohesión territorial".