Estos cuatro funcionarios se suman a los otros ocho adscritos al Juzgado Central de Instrucción númro 5, del que es titular Baltasar Garzón, y que han decidido cambiar de destino.

Según fuentes de la Audiencia Nacional, se da la circunstancia de que se han celebrado diversas oposiciones que han coincidido en el tiempo, de modo que aparentemente parece haber una "fuga" de personal, pero que obedece sólo a motivos profesionales.

En ningún caso, los juzgados se quedarán con menos personal, puesto que los funcionarios se marchan en cuanto se incorpora el sustituto, aunque la fecha tope de incorporción, tanto para los que se marchan como para los que se van vence este sábado, 7 de septiembre.

Las mismas fuentes reconocieron que el problema del cambio de destino de los funcionarios radica en que no se exige ninguna especialización para incorporarse a la Audiencia Nacional, de modo que "un individuo que sólo ha trabajado en un despacho de lo contencioso- -administrativo puede venir aquí, a lo penal, sin tener ni idea".

Eso implica que casos tan relevantes como el del BBVA, Batasuna, Sintel olas petroleras podrían sufrir una cierta ralentización, puesto que los nuevos funcionarios que se hagan cargo de su tramitación deberán ponerse al día del estado de los sumarios.

Según las misma fuentes, habría menos problemas si los funcionarios nuevos tuvieran conocimientos de derecho penal, una sugerencia que algunos magistrados quieren elevar a exigencia y así se lo han hecho saber al presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar.