La reunión está programada para las 17.00 horas en la sede del Ministerio y sucede a la que tuvo lugar el pasado 16 de julio, después de que se acordaran en octubre de 2022 medidas para paliar el impacto de la subida de los tipos de interés en las hipotecas variables de hogares vulnerables o en riesgo de serlo en un nuevo código de buenas prácticas y aumentar la atención presencial en las zonas rurales.

En la reunión del pasado mes de julio, el ministro cifró en un 99,3% la población con acceso presencial a servicios financieros, aunque aún quedaban 330.000 personas sin dicho acceso. El ministro también adelantó que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) incluiría en el barómetro de septiembre preguntas sobre inclusión financiera para tener más información al respecto y este recogió preguntas sobre los canales de acceso a los servicios bancarios. También, el CIS elaborará un módulo semestral específico y el Instituto Nacional de Estadística (INE) realizará una estadística “estructural y recurrente”, con una muestra mayor, para tener datos desglosados sobre las zonas rurales, que ofrecería los primeros resultados en 2027.

De dicha cita, el ministro también dijo que estudiaría si prorroga los códigos de buenas prácticas para hipotecados vulnerables o en riesgo de serlo más allá de este año.

Igualmente, mostró entonces su aspiración de que en este año se apruebe en el Congreso la Autoridad del Cliente Financiero, lo que no ha sucedido y en la recta final del año ha aumentado la tensión entre Junts y el Gobierno de cara a sacar adelante normas en tramitación hasta el punto de que el Ejecutivo ha aprobado un decreto con medidas reclamadas por Junts que este partido considera insuficientes. Esta ley forma parte de un conjunto de reformas e inversiones asociadas al séptimo pago de fondos europeos, dotado con 8.147 millones.