El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del martes una adenda para simplificar y reducir las cargas administrativas del Plan, además de actualizar 160 medidas vinculados, que ya ha recibido las críticas del PP.

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, y el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, lamentaron el viernes la utilización que el Gobierno ha hecho de los fondos europeos y calificaron su gestión como una “oportunidad histórica desperdiciada”.

En esta su adenda, Economía dejó fuera algunos de hitos y objetivos intermedios que contemplaba el Plan inicial que España presentó a Bruselas después de la pandemia. Aunque estas “medidas periféricas” salen ahora del PRTR, la intención del Gobierno es que todas ellas sigan su curso legislativo, como ocurre con la ley de defensa del cliente financiero.

El trabajo de simplificación también se centró en utilizar un lenguaje más sencillo y eliminar duplicidades en los hitos. Además, el Gobierno reforzó las prioridades estratégicas del PRTR y amplió las inversiones para ámbitos que han demostrado ser importantes la economía española.

Estos cambios no restan “ambición” al Plan, ya que el objetivo es seguir adelante con la ejecución del 100% de las transferencias asignadas, en torno a 80.000 millones de euros, todo ello antes de agosto de 2026, cuando expiran los fondos europeos.

Sin embargo, el PP cuestionó esa ambición y señalaron que las siete modificaciones que ha experimentado ya el plan solo han servido para reducir las aspiraciones del PRTR.

Por ejemplo, el hito sobre rehabilitación de viviendas pasó de una meta inicial de 510.000 a 410.000 en el segundo trimestre de 2026, también se retrasó la renovación de bases de bomberos al segundo trimestre de 2026, o se postergó, por falta de demanda, la finalización del programa Digital Toolkit. Además, se pasó de estar pensado para apoyar a un millón de pymes a 676.000.

RENUNCIA A PRÉSTAMOS

Cuerpo también confirmó que España rebajará su previsión de endeudamiento con la Comisión Europea en 22.800 millones de euros, ya que optará por financiarse en el Tesoro, puesto que los costes de financiación resultan similares.

En un primer momento, España incluyó en su plan los créditos de la UE, ya que la brecha con el Tesoro era de unos 70 puntos y resultaba más barato. Sin embargo, en la actualidad, esa diferencia apenas es de 4 puntos y el Gobierno prefirió recurrir a los mercados.

Además, esto permitirá garantizar al tejido nacional una “red de seguridad” más allá de 2026, algo que con el PRTR no podría ocurrir, ya que los fondos expiran ese año.

“La capacidad de financiación para nuestras empresas va a estar presente más allá de agosto del 2026 o de la finalización de los fondos del Plan de Recuperación”, agregó el ministro.

Con su intención de recurrir a los mercados para financiarse, España está renunciando a 60.000 millones de euros en préstamos, algo que también ha suscitado críticas entre la oposición.

Los 'populares' no comparten el argumento del coste de financiación y apuntaron que la renuncia responde al mal diseño del plan de recuperación por parte de España, ya que los préstamos se podían pedir desde 2021, y anotan que el ministro no se ha comprometido a acudir a los mercados a por ese montante.

Frente a la decisión del Gobierno, el PP consideró que lo correcto sería “intentar salvar los muebles” con un plan de ejecución “realista” y “poder rescatar algo de los préstamos”.

IMPUESTO AL DIÉSEL

El equipo económico del PP tampoco pasó por alto que la Comisión Europea tiene 1.000 millones de euros congelados a España correspondientes al quinto desembolso por el incumplimiento de tres hitos.

España tiene pendiente cumplir con la reforma fiscal y, en concreto, el impuesto al diésel, así como la digitalización de las administraciones, cuyo cumplimiento implicaría recibir 500 euros.

Por otro lado, debe cumplir con la reducción del empleo temporal en el sector público, que descongelaría 627 millones de euros.

En lo que respecta al impuesto al diésel, Cuerpo señaló que España está “dentro del plazo adicional para el cumplimiento” y satisfacer así el hito comprometido con la Comisión Europea.

El Gobierno había intentado la retirada de la bonificación fiscal al diésel que se incluyó en una enmienda parlamentaria, pero no logró el respaldo suficiente en el Congreso de los Diputados.

El Ejecutivo sigue trabajando para conseguirlo tanto con la Comisión como de forma interna. No obstante, el PP ya ha avisado de que no lo apoyará y agregó que el Gobierno carece de mayoría parlamentaria para sacarlo adelante.