En declaraciones a los periodistas antes de participar en la reunión anual del Cercle d’Economia en Barcelona, el ministro destacó que los participantes como patronales, asociaciones y ciudadanos, tienen siete días hábiles para responder, hasta el 16 de mayo, y el Gobierno dispone de otros tantos, hasta el 27 de mayo, para decidir si eleva la operación o no al escrutinio por el Consejo de Ministros.

El titular responsable de este trámite puntualizó que “no se trata de una consulta de sí o no”, sino que pide conocer “si hay algún criterio de interés general” distinto del de defensa de la competencia que esgriman los participantes respecto al impacto de la opa.

Recordó que la información obtenida no es vinculante, pero que servirá al Ejecutivo para hacer “una valoración lo más completa posible” antes de decidir.

También resaltó que es una consulta “totalmente alineada con la legalidad vigente”, aunque sea inédita, pues no se ha empleado para operaciones como una opa, sino para recabar opiniones sobre futuras normas, y que el procedimiento es “transparente”, con un elemento añadido, pues se avisa en el formulario de que las aportaciones recibidas son susceptibles de hacerse públicas.

El ministro señaló que el Gobierno sigue haciendo un análisis “pormenorizado” de la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el que el organismo “anticipa algunas preocupaciones” relacionadas con competencia en pymes. “Ya dije que, desde el principio, teníamos una preocupación clara por varios elementos” como “en materia de acceso a crédito, depósitos, los que afectan a inclusión financiera, mantenimiento empleo, cohesión territorial”, afirmó. “Estamos siendo claramente respetuosos con las distintas instituciones”, añadió.