Así lo dijo Cuerpo en una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia, donde defendió la “importancia de que exista competencia en el mercado financiero” y aseguró que el Ejecutivo no ha tenido “ningún cambio de parecer” en su posición.

El ministro indicó que el Gobierno tiene la última palabra y pese a que los reguladores y los accionistas respondan positivamente a la oferta “ahora mismo” el Gobierno tiene “una opinión de rechazo a la opa hostil de BBVA”.

“Hemos trasladado la opinión del Gobierno al presidente del BBVA y a todos los actores involucrados, incluyendo también a los supervisores”, apuntó, tras explicar que “los reguladores miran el impacto de la operación desde el punto de vista de la competencia”.

Por otro lado, sobre el acuerdo para la reforma del subsidio por desempleo, en el que no está la CEOE, el titular de Economía afirmó que “los principales interlocutores tienen que ser los sindicatos”. No obstante, celebró que “en la carta de la patronal había un elemento muy positivo, ellos destacaban su colaboración y voluntad a seguir colaborando y participando en el ámbito del diálogo social”, por lo que confió en que “ese va a ser el marco en el que nos sigamos moviendo en las siguientes reformas importantes”.

En cuanto a una posible bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), Cuerpo pidió “precaución”, aunque es “muy probable según los analistas y las declaraciones de los miembros del propio Consejo que pueda haber una primera bajada de tipos”, que empezaría a “revertir el ciclo y sería una muy buena noticia para los hogares y las empresas".

“PASAR PÁGINA”

Por otro lado, Cuerpo señaló que “es momento de pasar página” sobre las cartas enviadas por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, a empresas españolas con actividad económica en Israel para advertirles de que con su actividad podrían "contribuir al genocidio en Palestina".

“Las empresas saben que tienen un interlocutor válido en el Ministerio de Economía”, incidió, tras añadir que “hay total claridad y seguridad jurídica”, ya que las empresas españolas “conocen el marco normativo en el que tienen que reportar información financiera y no financiera”.