El acto se celebrará en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, a las 18.30 horas, bajo el lema ‘Objetivo: Continuar con el Cambio’, y también estarán presentes el consejero del CES Antonio González; la diputada Cristina Narbona; el director general del CDTI, José Moisés Martín Carretero; y la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino.

EFC nació en 2011 “para combatir el diagnóstico y las soluciones impuestas para afrontar la crisis de 2008” y recalcar que las medidas adoptadas entonces respondían a la ideología y no a la economía, como recuerdan en su manifiesto.

Desde entonces, y con las distintas crisis que se han ido sucediendo, la organización ha ido actualizando sus postulados, aunque ha mantenido “siempre en el centro la prestación y ampliación de servicios públicos esenciales como soporte de la verdadera eficiencia económica en una sociedad inclusiva”.

EFC también destacó que en sus tres lustros de existencia se han enriquecido con planteamientos interdisciplinares en los ámbitos de la demografía, la sociología, el derecho y la ingeniería, y han contribuido a comprender los hechos económicos o los conflictos sociales.

OCHO AÑOS DE GOBIERNO PROGRESISTA

EFC valoró en su manifiesto que sus planteamientos “hayan coincidido y, tal vez, contribuido” a la acción de los ocho años de coaliciones progresistas en España y resaltó que las medidas del Ejecutivo responden a “una senda de coherencia económica e ideológica” que se toma como ejemplo en fotos internacionales.

En estos ocho años, se ha logrado un alto crecimiento del empleo y del PIB, ambos en cifras cercanas al 3% de promedio y, al tiempo, se ha controlado el déficit y la deuda. Esto también ha sido compatible con un aumento del 66% del salario mínimo interprofesional (SMI) y con un incremento de las pensiones mínimas un 50%. A eso se suma la existencia de un ingreso mínimo vital (IMV) que alcanza ya a 2,5 millones de personas.

“Cuando antes destacaban sólo los bajos salarios y la temporalidad, ahora destacan la consolidación del superávit exterior por cuenta corriente, el creciente peso de las actividades profesionales y científicas en el PIB y de los servicios de alto valor en la exportación y, como consecuencia, los últimos avances en la productividad”, subrayó EFC en su manifiesto.

Además, la “decidida apuesta por las energías renovables” han ayudado tanto a la competitividad como a la autonomía energética de España al reducir la dependencia de las fuentes externas de carbono.

EFC advirtió en su manifiesto de que, en un mundo envuelto en “una coyuntura peligrosa”, con fuerzas reaccionarias y lobbies que intentan “retroceder al pasado”, resulta imprescindible defender “un orden global que debe reasentarse en organismos multilaterales”. El nuevo orden global tampoco debe pasar por alto “el creciente peso demográfico y económico de China y otros grandes actores del grupo de los BRICS”.

Para EFC también resulta fundamental “reforzar los contornos de un Estado Democrático a la ofensiva, que asuma los avances sociales y “el derecho a tener derechos”” en ámbitos como la vivienda, las rentas mínimas, la protección de la infancia o la articulación de nuevos derechos frente a las amenazas digitales.

POLÍTICAS PÚBLICAS

La vivienda encabeza las ocho propuestas de políticas públicas en el manifiesto de EFC y la sitúa como “el principal problema para la estabilidad democrática”.

La organización lamentó el rechazo de los partidos de la derecha a la prohibición de los desahucios y a la prórroga de los contratos de alquiler y avisó de que “agrava la situación de cientos de miles de ciudadanos expuestos a la inflación y a las desorbitadas subidas de los precios de los alquileres de vivienda”.

“Solamente una reedición del Gobierno de coalición progresista podría garantizar durante algunos años los objetivos de los decretos rechazados”, pronosticaron.

ECF mostró cautela ante las actuaciones regulatorias o fiscales o los topes a precios en zonas tensionadas, ya que si bien “pueden atemperar las tensiones del mercado a corto plazo, no abordan el núcleo central de la escasez de vivienda”.

Por otro lado, se mostraron partidarios de intervenir el mercado para corregir sus fallos y abogaron por la creación de un parque de viviendas públicas en alquiler social no enajenable, financiado por el ICO y los Presupuestos Generales del Estado.

ECF urgió al Estado a financiar la construcción progresiva de hasta un millón de viviendas sociales en diez años, con 100.000 el primer año y 300.000 antes de 2030. Esta medida debe acompañarse de normas específicas para agilizar este proceso e incentivar la colaboración de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Asimismo, la organización reclamó “un compromiso firme y creíble” con el parque público de vivienda para el alquiler social, permanente y no enajenable.

En el ámbito energético, EFC considera la electrificación y las renovables “como base de la competitividad, la soberanía energética y la adaptación al cambio climático”. Ante la coyuntura internacional con el petróleo, propone considerar la energía como “bien esencial para la economía de las familias y para la industria”, y a acelerar la electrificación en todos los sectores basada en las renovables.

EFC también avisó de que se necesita “claridad sobre el futuro de la energía nuclear” y consideró “una mala noticia” la segunda prórroga de los dos grupos de la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres).

En materia de fiscalidad, el grupo defiende el aumento de los impuestos a los 'ultrarricos' y la progresividad global para igualar los servicios públicos al nivel del entorno europeo. En concreto, piden establecer un impuesto, suplemento al general del Patrimonio, del 2% a la riqueza de los 'ultrarricos' que superen los 100 millones de euros de patrimonio neto y complementar el impuesto sobre las grandes fortunas con otro semejante sobre las grandes herencias.

Otras medidas fiscales apuntan a corregir de forma progresiva el límite de la cuota combinada del Impuesto sobre el Patrimonio y el IRPF; acompañar el tipo mínimo del 15% para las grandes empresas con la supresión de beneficios fiscales que favorecen la elusión fiscal y reducen la recaudación; y avanzar en la equiparación del gravamen sobre las rentas del capital con las del trabajo y en la progresividad de las rentas altas hasta igualarnos con los países más avanzados.

PENSIONES, TRABAJO E INMIGRACIÓN

EFC entiende las pensiones como “un derecho que garantiza la solidaridad intergeneracional”, por lo que defender el sistema actual resulta “clave” para las políticas públicas frente a la desigualdad.

Su valoración de las reformas de estos años de gobierno progresista es que están encaminadas a reforzar que el sistema público de pensiones tenga recursos suficientes y a que se asegure la sostenibilidad para futuras generaciones. EFC rechaza cualquier tipo de “programa alternativo basado en recortes o privatización” y cualquier intento de implementar un sistema basado en las cuentas nocionales.

“El actual sistema de pensiones no disminuye la renta de los jóvenes. Repetirlo es la principal trampa para reducir las pensiones futuras y someterlas a los riesgos y vaivenes del mercado de capitales”, advirtieron en su manifiesto.

Por otro lado, la inmigración resulta “imprescindible para el crecimiento y reto para la cohesión social”. Para EFC, el Gobierno debe movilizar recursos para dar “una solución urgente” y evitar el avance de los discursos xenófobos. Por su parte, el mercado laboral necesita, a juicio de EFC, elevar los salarios, sobre todo a los más jóvenes, prioridad permanente.

En lo que respecta a la sanidad y la enseñanza, EFC exige “más financiación al servicio público, freno al negocio privado” y pone el foco en erradicar la pobreza infantil, con medidas como la prestación universal para la crianza de los hijos y vincular este programa a la recaudación de impuestos a los ultrarricos.