En rueda de prensa en la Cámara Baja, Vehí reconoció que la Ley de Vivienda tiene cuestiones “positivas”, como el hecho de “que los honorarios corran a costa de los propietarios en las inmobiliarias o que dejen de existir los desahucios sin fecha”. No obstante, tras analizar el acuerdo sentenció que “no consigue el objetivo que debería perseguir” y que es proteger el derecho a la vivienda.

En materia de alquiler, defendió que debe “regularse e intervenirse” el mercado. “El tema es que si el mercado no se regula bien, siempre hay subterfugios para que el propio mercado se zafe”, avisó, criticando que las medidas contempladas por esta ley “para controlar” dicho mercado “no van a funcionar”. “Esto es un problema grave”, señaló.

Además, enjuició que al “no ser eficiente” se lanza “un mensaje a la izquierda y a la gente que está pagando alquileres desorbitados de desesperanza”, a la par que “se refuerza a la derecha con los argumentos de que no se debe intervenir el mercado del alquiler, que no se puede regular”.

Tras censurar que también se “deja fuera a las familias y personas que han contratado una hipoteca variable”, deploró que esta norma “no obliga a los grandes fondos de inversión a mediar en caso de desahucio” y “tampoco afecta a la concentración de la vivienda del mercado inmobiliario”.

A su juicio, no resuelve tampoco “uno de los grandes problemas” en esta legislatura, que es “la invasión sistemática de competencias en todas las leyes que aprueba este Gobierno”. “Legislan atropellando competencias, pero a la vez obligan a las administraciones a ser responsables y buscar alternativas de alquiler social”, indicó.

En este punto, defendió que había forma de hacerlo mejor y se remitió a la ley catalana de contención de rentas tumbada por el Tribunal Constitucional. “Esta era la forma”, subrayó, aludiendo igualmente a la ley catalana 24/2015 “tumbada también en parte por el Constitucional” que “blindaba a la ciudadanía en materia de vivienda ya atendía la cuestión de los desahucios”.

En su opinión, el Gobierno actúa en este tema como “el perro del hortelano”, ya que “ni come ni comer deja, ni está fuera ni está dentro, ni permite que las comunidades autónomas legislen protegiendo el derecho a la vivienda, como es el caso de Cataluña, ni cuando hace su propia ley permite que la vivienda sea un derecho”.