Según informó la entidad este jueves, en el encuentro, celebrado en la sede del Defensor del Pueblo, participaron también la directora gerente de Daño Cerebral Estatal, Libertad Martínez; la directora del Gabinete de la Adjuntía Primera, M.ª José Pastor; y el director del Área de Sanidad y Política Social de la institución, Rafael Muguruza.

Durante la reunión, Daño Cerebral Estatal expuso las principales líneas de trabajo impulsadas por el movimiento asociativo en ámbitos como la codificación sanitaria, la protección social, el empleo y la atención a la infancia con DCA.

“Estamos trabajando en diferentes frentes que responden a una misma necesidad: reconocer de forma adecuada la situación de las personas con daño cerebral adquirido y garantizar sus derechos”, señaló Ana Cabellos.

Uno de los principales asuntos tratados fue el avance en la implantación de un código específico al alta hospitalaria para personas con daño cerebral adquirido.

Según explicó la entidad, ya se ha constituido un grupo de trabajo encargado de desarrollar un sistema de codificación secundaria específica para identificar a las personas con DCA desde el momento del alta hospitalaria.

El objetivo de esta medida es “facilitar la continuidad asistencial y garantizar un mejor seguimiento sociosanitario de las personas afectadas” tras abandonar el hospital.

Desde Daño Cerebral Estatal consideraron que esta herramienta permitirá mejorar la detección de necesidades, la coordinación entre recursos sanitarios y sociales y la planificación de apoyos adecuados.

Durante el encuentro, la federación también trasladó la solicitud registrada el pasado mes de marzo para que el ictus sea incorporado entre las patologías que permiten acceder a la jubilación anticipada por discapacidad.

La entidad denunció que la situación actual “genera desigualdades y vulnera principios de equidad y justicia social”, al impedir que personas que han sufrido un ictus y presentan grados de discapacidad similares a los de otras patologías reconocidas puedan acogerse a esta medida de protección.

En este sentido, recordaron que patologías como los traumatismos craneoencefálicos o determinados tumores cerebrales “sí están actualmente contempladas en los supuestos de jubilación anticipada”.

La reunión sirvió además para poner sobre la mesa la necesidad de reforzar los apoyos dirigidos a menores con daño cerebral adquirido y a sus familias.

Daño Cerebral Estatal manifestó su preocupación por las “diferencias existentes entre comunidades autónomas” en el acceso a recursos especializados y en la atención temprana, rehabilitadora y educativa destinada a niños y niñas con DCA.

La entidad insistió en la importancia de avanzar hacia una atención más homogénea y coordinada en todo el territorio para garantizar la igualdad de oportunidades y una adecuada respuesta a las necesidades de las familias.