Esta declaración firmada por todos los asistentes es considerada un éxito por la delegación española, que ha tenido que limar durante todo el día el texto para que pudiera ser firmado por los países más reticentes.

El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, consideró "muy satisfactorio" el contenido de la declaración oficial del consejo por entender que es un paso adelante en la consideración del terrorismo "como un problema de todos" quese ha de enfrentar en conjunto.

El Gobierno español no ha podido alcanzar una cuerdo de los 15 en torno al convenio de extradición europeo que supondría la eliminación de la consideración de delito político para las acciones terroristas.

Más matizado, el documento aprobado hoy insiste en que "para prevenir y combatir eficazmente las acciones terroristas es necesaria uan coordinación en profundidad entre los Estados miembros mediante una mejora de los mecanismos de cooperación policial y judicial"

Esta colaboración se realizará mediante un incremento del intercambio de informaciones sobre los grupos terroristas, sus formas de actuación, el tráfico de armas y el blanqueo de dinero en cada país comunitario.

Se establece también la cooperación judicial necesaria para que las acciones terroristas no queden impunes mediante "la puesta a disposición de actos terroristas para su enjuiciamientoy, en su caso, para el cumplimiento de las penas, mediante la extradición, teniendo en cuenta las disposciones de los tratados internacionales".

Belloch no confía en que el convenio sobre extradición se pueda consensuar antes del fin de la presidencia española de la UE aunque aseguró que "trabajaremos hasta el último minuto y en el próximo consejo de noviembre presentaremos una propuesta por escrito a los 15".

La declaración de La Gomera constata que el fenómeno terrorista es una "amenaza para la democracia, el libre ejercicio de los derechos humanos y el desarrollo económico y social, de la que nopuede considerarse excluido ningún país miembro de la Unión".

De hecho, constata el alarmante incremento de acciones terroristas en diversos países de la Unión y llama en especial la atención sobre el creimiento del terrorismo de "inspiración integrista".

Asegura también que el terrorismo es "una de las formas más graves de la delincuencia" organizada con ramificaciones trasnacionales que puede aprovechar las diferencias de tratamiento judiciales en los distintos estados para conseguir la impunidd. Por ello, uno de los objetivos de la presidencia española es unificar criterios judiciales y policiales que impidan que un país de la UE se pueda convertir en refugio de terroristas.

La unanimidad que consiguió este acuerdo ha sido valorada muy positivamente por la delegación española que considera esta declaración como un paso adelante hacia la firma del convenio del extradición europeo.

Los 15 también han alcanzado un consenso unánime sobre la necesidad de atajar los fenómenos de racismo y xnofobia aunque no han acordado medidas concretas.

España propondrá en el Consejo formal de ministros de Justicia e Interior de noviembre que se penalice en todas las legislaciones comunitarias la distribución de información o imágenes de contenido racista, la constitución de asociaciones o grupos destinados a fomentar racismo y xenofobia, la apología de crímenes contra la humanidad y la incitación a estas actitudes.

Las delegaciones comunitarias adoptarón también una definición común de la figuradel refugiado en la que se acepta la adscripción a esta categoría de personas perseguidas por entidades o grupos privados y no sólo por estados.