Según el texto remitido por el Ejecutivo a los grupos parlamentarios, al que ha tenido acceso Servimedia, incluye esta cuestión, que fue lanzada para consulta pública el pasado mes de diciembre por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Esta cuenta se configurará como una relación contractual entre un inversor particular y una entidad financiera o de inversión autorizada, articulada a través de una cuenta operativa de efectivo y una cuenta de valores asociada.

La norma prevé además una modalidad específica denominada Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa Reinversión, destinada a quienes reinviertan determinadas plusvalías obtenidas por la venta de viviendas en los términos establecidos por la futura regulación fiscal incluida también en el decreto.

Podrán ofrecer este producto entidades de crédito, empresas de servicios de inversión y firmas autorizadas en otros países de la Unión Europea que operen en España, mientras que los titulares deberán ser contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El borrador establece que las inversiones podrán destinarse a acciones de sociedades con domicilio o actividad principal en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo, así como a fondos de inversión que cumplan los requisitos fijados por la nueva normativa.

En cambio, quedan excluidas operaciones con apalancamiento, derivados, ventas en corto, préstamo de valores o cualquier otra fórmula que permita asumir riesgos superiores al capital aportado.

Asimismo, el texto crea un registro específico de instituciones de inversión colectiva elegibles que será gestionado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Para poder integrarse en estas cuentas, los fondos deberán acreditar, entre otros requisitos, que al menos el 70% de sus activos están vinculados a la economía del Espacio Económico Europeo y que un mínimo del 50% de su cartera está invertido en renta variable.