El paso siguiente para agotar la vía jurídica en España es el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que es necesario presentar antes de poder acudir a la justicia europea, en la que el exdirigente socialista tienes depositadas mayores esperanzas.

El fallo del Supremo, hecho público este lunes y adoptado por unanimidad, condena también al exasesor ministerial Koldo García a 19 años y ocho meses de prisión, y al comisionista Víctor de Aldama a cuatro años y medio de cárcel, aunque al empresario le suspende la ejecución de la pena al apreciar la atenuante cualificada de colaboración con la Justicia.

Aunque la pena impuesta a Ábalos alcanza los 24 años el cumplimiento efectivo de la pena no pasará de los 16 años, en aplicación de los límites previstos en el artículo 76 del Código Penal que establece que el máximo de cumplimiento "no podrá exceder el triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas". En el caso del exministro, se trata del delito de organización criminal, por el que ha sido condenado a cinco años y seis meses de prisión.

El Supremo condena al exministro y a su asesor por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. La sentencia considera acreditada la existencia de un "claro plan criminal" articulado para obtener beneficios económicos mediante la adjudicación irregular de contratos públicos a empresas vinculadas al comisionista y con vocación de permanencia en el tiempo.

La sentencia establece por el delito de organización criminal en concurso con cohecho continuado una multa de 20 meses a razón de 50 euros diarios (30.000 en total). Además, fija una inhabilitación para sufragio pasivo durante cinco años y seis meses y 12 años de inhabilitación para cargos vinculados a la gestión de patrimonio o fondos públicos.

Por el cohecho en concurso con tráfico de influencias, el tribunal fija una multa de 14 meses a 50 euros diarios (21.000 euros) y otra sanción de 500 euros, además de inhabilitaciones de 10 años para cargos relacionados con el manejo de caudales públicos y de ocho años para intervenir en contratación pública, así como otros ocho años de inhabilitación para sufragio pasivo.

A ello se suman nuevas multas de 500 euros y distintas inhabilitaciones derivadas de otros episodios, como la contratación de Claudia Montes o los chalés de Marbella y La Alcaidesa, que oscilan entre los ocho y nueve años, además de suspensiones de empleo o cargo público en los supuestos de cohecho.

Asimismo, el tribunal fija que Ábalos y Koldo deberán indemnizar a Ineco y Tragsatec con 34.450 y 9.500 euros, respectivamente. Además, se acuerda el decomiso de las ganancias derivadas del delito de cohecho, que ascienden a 430.298 euros. Esa cantidad se desglosa en 340.000 euros abonados por Víctor de Aldama, 10.000 euros mensuales durante 34 meses, 82.295 euros correspondientes a la renta de un inmueble en la Plaza de España y 8.000 euros por el alquiler del chalé de Marbella (Villa Parra).