Según la defensa de Gómez esta actuación vulnera la Constitución y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) y pone en tela de juicio el derecho de defensa al saltarse la obligación de informar directamente al investigado de las actuaciones que le afectan y que el instructor está obligado a comunicar a todas las partes personadas en una causa.

El letrado pide al Consejo que indague en “las circunstancias en que fueron dictadas las resoluciones” del pasado sábado y que estudie “con especial atención” los motivos por los que el juzgado no procedió a su notificación a la defensa.

Asimismo, reclama que se adopten “las medidas oportunas si de las actuaciones inspectoras resultase acreditado un funcionamiento anormal o irregular del órgano judicial, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse de los hechos expuestos”.

La defensa de Gómez recuerda que no comunicar la imposición de medidas cautelares a la defensa es “especialmente grave” porque impide “el ejercicio inmediato de los recursos y remedios procesales que el ordenamiento le reconoce, causando un perjuicio irreparable de orden material y procesal”.

Así, Camacho advierte al CGPJ que esta situación es de una “extraordinaria gravedad” no solo para la defensa de una persona inmersa en un procedimiento penal, sino para la “imagen de la Administración de Justicia y el principio de igualdad de armas entre las partes".