El escrito, al que tuvo acceso Servimedia, pide que se anule la causa en su totalidad por haberse vulnerado los derechos fundamentales al juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso justo con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a la presunción de inocencia.

Así, su abogado, Víctor Moreno Catena, pide la exclusión del procedimiento de todas las evidencias obtenidas en las diligencias de investigación que abrió la Fiscalía Anticorrupción en 2025 y las derivadas de ella.

Esta petición implica anular todas las evidencias obtenidas en todas las entradas y registros acordados en el marco de esta causa, incluidas las acordadas por el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid en este procedimiento.

El escrito asegura que se ha vulnerado su derecho a un proceso con todas las garantías y su derecho a la presunción de inocencia, además de alegar que se han incorporado a la causa pruebas “ilícitamente analizadas vulnerando el derecho a la intimidad, a la protección de datos y al secreto de las comunicaciones de terceros”.

PROCESO CON GARANTÍAS

El incidente de nulidad general presentado por el expresidente insiste en un aspecto clave, que es la vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, y apunta a "maniobras dirigidas a conducir el proceso hacia los órganos judiciales de mayor conveniencia, soslayando al juez ordinario legalmente competente". El asunto fue inicialmente investigado por un juzgado de Madrid, que lo archivó. Posteriormente, otra denuncia activó de nuevo las pesquisas que ahora lleva la Audiencia Nacional.

El letrado argumenta que se ha incorporado al procedimiento una prueba "ilícitamente" analizada vulnerando el derecho a la intimidad en este caso, y que el procedimiento "parte de unos análisis de conversaciones privadas no autorizados", como el teléfono móvil del presidente de Plus Ultra, Rodolfo Reyes.

El dispositivo móvil de Reyes fue objeto de un volcado completo por parte de las autoridades estadounidenses, al parecer sin autorización judicial. El abogado de Zapatero ha pedido al juez que recabe más información sobre cómo se consiguió esa prueba y sobre la cadena de custodia de las grabaciones. En la legislación española las grabaciones de dispositivos móviles sólo son válidas si cuentan con el aval de un juez.

Además, la defensa de Zapatero ve vulnerado el derecho a la protección de datos y al secreto de las comunicaciones de terceros con transcendencia para su representado, y cree que esto ha servido para justificar la adopción de otras diligencias limitativas de "derechos fundamentales" de su representado.

Insiste el letrado en que "la nulidad de actuaciones tiene origen en la propia génesis" de la investigación en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y "germina en actuaciones policiales" y de la Fiscalía, de manera que "arrastra" el resto del procedimiento.

La defensa de Zapatero recuerda que ya el pasado 10 de junio el expresidente pidió determinar la "licitud y utilizabilidad" del dispositivo. El juez José Luis Calama desestimó esta decisión ocho días después, por lo que Zapatero volvió a presentar recurso de reforma contra esa decisión.

Además, el expresidente quiere saber si el disco duro denominado "Crucial", con conversaciones privadas del abogado Miguel Palomero, se analizó con autorización judicial o no y, por tanto respetando los derechos fundamentales del expresidente.