Múgica hace esta aclaración después de que ayer pidiera al Gobierno que el certificado de empadronamiento no sea la única prueba a aportar para acreditar la residencia en España en el proceso de normalización de inmigrantes abierto el pasado 7 de febrero.

En este sentido, la Oficina del Defensor aclaró hoy en una nota que, "al margen del arraigo laboral, y sin perjuicio del proceso de normalización abierto actualmente, se contemplan también el arraigo social y el arraigo por circunstancias excepcionales (con plazos y requisitos diversos) en los que no se precisa este certificado de empadronamiento".

Añade el comunicado que "dentro de esa excepcionalidad, se incorpora, por ejemplo, a nuestra legislación la autorización de residencia a víctimas de la violencia doméstica, precisamente como consecuencia de los solicitado desde el Defensor del Pueblo".