Así lo recoge en su informe anual correspondiente a 2023, que entregó este viernes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

En dicho ejercicio, la institución inició una actividad "complementaria" de "supervisión directa" del funcionamiento de los centros residenciales con el objetivo de “comprobar” las condiciones en que se atiende a los distintos grupos de usuarios, “respetando al máximo su autonomía personal" y "eliminando todas aquellas prácticas que puedan derivar en restricciones de los derechos fundamentales" o en un "indeseable proceso de institucionalización”.

En concreto, el Defensor del Pueblo llevó a cabo el “examen” de “algunos” centros residenciales para personas mayores y dependientes en Castilla y León, visitando una muestra de cinco centros de titularidad pública en las provincias de Segovia, Ávila y Valladolid.

Además, solicitó una información "inicial" a Cantabria y Galicia y, en este contexto, la institución va a seguir con esta “supervisión directa” y, a partir de las quejas que recibe, también supervisará los cambios normativos y de organización que vayan adoptando las diferentes administraciones sociales “que hagan realidad ese nuevo paradigma”.

Un “punto de partida” para “contrastar” cómo se producen esos cambios en el modelo residencial son, a su juicio, los criterios comunes sobre acreditación de centros residenciales acordados en 2022 por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que, subrayó, “no fue adoptado por unanimidad”.

A este respecto, puntualizó que “algunas” comunidades autónomas le trasladaron que, “al haber votado en contra, no se consideraban vinculadas a esos criterios comunes”, si bien, “al mismo tiempo, pusieron de relieve que los centros en su comunidad autónoma incluso mejoraban algunas de las previsiones que contiene el acuerdo y tampoco señalaban una disconformidad de fondo con los criterios consensuados”.

El Defensor del Pueblo entiende que las “líneas generales” que contiene ese acuerdo del Consejo Territorial “son válidas como guía para verificar las mejoras y los avances que se producen en cuestiones destacadas por esta institución en los últimos años”, como son la “efectiva coordinación” con el sistema sanitario; el “incremento y mejora” de la actividad inspectora; el fomento de la participación en los centros o el “control sobre todas las situaciones de restricción de derechos fundamentales”.

CANARIAS

En paralelo, a lo largo del pasado ejercicio, el Defensor comprobó que la administración responsable de supervisar la atención en los centros residenciales de mayores en Canarias “toleraba” la práctica seguida en algunos de ellos de “restringir visitas y comunicaciones de algunos mayores usuarios, por la mera indicación de sus tutores legales o curadores representativos”.

“Formuladas las oportunas recomendaciones, la Consejería competente informó de que las implementaría, requiriendo a las entidades prestatarias del servicio que justifiquen adecuadamente la privación de comunicación y visitas”, abunda el informe, al tiempo que recuerda que dicha administración también indicó haber suscrito un convenio de colaboración con la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife y la Fiscalía Provincial de Las Palmas “para la comunicación de estos casos”.