El informe del Defensor correspondiente a 1996 censura que la Administración, "salvo excepciones", haya practicado un planteamiento de mínimos en este terreno.

A juicio del Defensor, es preciso elevar el actual tope mínimo del 3 por ciento, "y más en una época como la actual de reducción de los puetos de trabajo ofertados, pues de otra manera dicho objetivo resulta difícilmente alcanzable".

El informe señala los resultados negativos que se desprenden de los datos de la última oferta de empleo público de la que se dispone de información sobre esta cuestión, la de 1994.

En esa convocatoria, "sobre un total de 4.955 plazas de funcionarios convocadas, a las que concurrieron 1.669 aspirantes por el turno de reserva, únicamente obtuvieron plaza 55 de ellos, lo que representa un 1,1 por ciento repecto del número total de plazas".

"Por lo que se refiere al personal laboral", añade el informe, "el resultado fue similar, habiendo obtenido plaza 14 aspirantes por el turno de reserva, es decir, el 1,4 por cien sobre el total de las plazas convocadas, que ascendió a 1.000, habiendo participado en las pruebas selectivas 622 candidatos por el citado turno".

No obstante, el informe señala también como aspecto positivo que algunas autonomías, entre las que cita a Cataluña y Castilla y León, reservn ya una cuota superior al mínimo legal establecido del 3 por cien o establecen medidas adicionales a dicha cuota para proteger al colectivo de personas con minusvalías.