"Espero y creo son verbos muy inquietantes", reflexionó durante la rueda de prensa posterior a la entrega en el Congreso de los Diputados del Informe anual de la actividad de la institución en 2025, que recoge que el año pasado recibió un total de 212 correos electrónicos que solicitaban distinto tipo de información sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica.

"Nosotros buscamos el reconocimiento y reparación de la persona y de los daños", señaló Gabilondo, que subrayó que lo principal es definir "reparación", pues lo que requieren las víctimas no siempre es de tipo económico.

"Hay asuntos irreparables. No hay dinero para poder reparar quien ha sido abusado en la infancia y por quien tenía la máxima confianza", continuó y apuntó que la reparación puede enfocarse también en el daño espiritual, las dificultades laborales o psicológicas. "Hay algunos que no piden reparación económica, sino ser reconocidos como víctimas y ser acogidos", detalló.

Respecto al retraso en llevarse a término la firma entre Gobierno, Iglesia y Defensor, reflexionó que "los acuerdos pueden hacerse bastante pronto, sobre todo si son muy pobres". "Si queremos que haya el máximo acuerdo posible, tardan un poco más", meditó. "Cuesta un poquito por la ambición de que se trabaje con el máximo acuerdo posible", porque "es un sistema de reparación", entendida como "un proceso" no "un mero trámite burocrático, cosificador".

"No estuvimos en el acuerdo con la Confer, la Conferencia Episcopal y el Gobierno. Se nos citó para participar", dijo Gabilondo, refiriéndose al acuerdo firmado por esas tres partes el pasado 8 de enero, que emplazaba a que el Defensor actuase de mediador para reparar a las víctimas que no quisieran acudir directamente a la comisión Priva impulsada por la Iglesia.

Respecto al informe, en lo relacionado a las quejas sobre los abusos eclesiales, el documento remarca que “se atendieron las peticiones, ofreciendo el asesoramiento pertinente en cada caso o, en un número de ellos, remitiendo al registro general de la institución cuando se trataban de cuestiones de su competencia (básicamente, quejas)”.

En lo relativo a los abusos en la Iglesia, el Defensor también señala que “mantuvo 104 conversaciones telefónicas, en las que prestó seguimiento y asesoramiento a personas que o bien habían sido atendidas previamente o bien comunicaban por primera vez con ella”.

Además, el informe destaca que otro asunto que ha generado un número importante de consultas ha sido el tratamiento fiscal que iban a recibir las indemnizaciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).

El informe se hace eco de una de estas consultas que generó varias quejas ante el Defensor del Pueblo, que propiciaron la siguiente Recomendación, el 5 de noviembre: “Que, con la mayor brevedad, se promueva la modificación el artículo 7, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de forma que recoja la exención para las indemnizaciones por responsabilidad civil que se corresponden con daños personales (físicos, psíquicos o morales) que están abonando las entidades de la Iglesia católica como reparación por abusos”.

El documento subraya que planteó este asunto ante las diferentes haciendas autonómicas de Navarra y del País Vasco y que el 3 de diciembre de 2025, el Senado aprobó una moción para que “las indemnizaciones por pederastia en el ámbito de la Iglesia católica” queden exentas de tributación en el IRPF.